El Poder Judicial recuerda que los pactos son legales y habituales

La portavoz del Consejo General del Poder Judicial, Gabriela Bravo, recordó ayer que los pactos de conformidad, como el que pretenden las defensas de Iñaki Urdangarin y Diego Torres con la Fiscalía, son una práctica habitual en el ordenamiento jurídico español y que, lejos de ser algo turbio o extrajudicial, se hacen siempre en un contexto de «estricta legalidad».

«Estamos seguros de que en su momento, si así se lo plantean y acatando los requisitos que establece la ley, no habrá ningún tipo de problema», señaló la portavoz del órgano de gobierno de los jueces, quien insistió en que este tipo de pactos se hacen «todos los días», eso sí, en el «momento procesal oportuno». Bravo, no obstante, aclaró que el Consejo del Poder Judicial ni entra ni sale en este asunto porque «no hace ninguna valoración sobre rumores de posibles conformidades» de las que no tiene conocimiento «formal» y porque, aunque lo tuviera, «no es el órgano adecuado» para pronunciarse sobre «una decisión muy particular del afectado y de su defensa», apostilló.

A pesar de la polvareda levantada por la posibilidad de que haya un acuerdo que evite la cárcel a los directivos de Nóos, lo cierto es que este tipo de pactos se han dado en infinidad de casos, muchos de ellos muy conocidos. El más reciente fue el del exvicepresidente del Gobierno valenciano, Víctor Campos, y el exjefe de Gabinete de la Consejería de Turismo, Rafael Betoret, quienes en julio del año pasado admitieron su culpabilidad «conformándose con los hechos, su calificación jurídica y la pena más grave solicitada» en el denominado 'caso de los trajes' regalados por la trama Gürtel. Ambos se ahorraron el juicio, pero fueron condenados a pagar una multa de 9.600 euros por un delito continuado de cohecho pasivo impropio, mientras que los otros dos imputados que no admitieron un pacto con la Fiscalía y los socialistas valencianos, Francisco Camps y Ricardo Costa, fueron absueltos por un jurado popular.

Otros casos de conformidad, para los que se necesita el acuerdo de todas las acusaciones, también las particulares, son el que permitió al exalcalde de Marbella Julián Muñoz sortear un verdadero rosario de juicios a cambio de tres años de cárcel, el del caso Ibercorp con el exgobernador del Banco de España Mariano Rubio o el del ex director general de Seguridad Julián Sancristóbal, quien llegó a un pacto de conformidad en el caso de los fondos reservados del Ministerio del Interior.