La UE se atasca con el capital a exigir a la banca

La UE encalló ayer en sus negociaciones para obligar a la banca a reforzar sus pilares preventivos. Tras una nueva jornada maratoniana en Bruselas, los ministros de Economía de los Veintisiete no pudieron cerrar los requisitos que deberán cumplir las entidades a partir del año próximo en materia de capital de máxima calidad. Esta normativa, que busca trasladar a la legislación comunitaria los acuerdos de Basilea III rubricados por las principales economías mundiales, busca evitar en el futuro más rescates bancarios a costa de los contribuyentes. El desacuerdo también refleja el miedo de algunos socios a que Bruselas dirija totalmente las reglas en el sector.

El encuentro extraordinario en la capital europea arrancó, al menos, con una cifra consensuada. Los 8.300 bancos de la UE deberán contar paulatinamente con un colchón de seguridad mucho más potente. Según recogen las conclusiones de Basilea III, el capital de máxima calidad deberá incrementarse desde el 2% al 7%. Algunos socios, con Reino Unido y Suecia a la cabeza, pusieron sobre la mesa la posibilidad de que cada país pueda exigir requerimientos adicionales. Francia y Alemania pidieron no ser tan estrictos con las entidades y otorgar mayores poderes a la Comisión Europea. La tesis es que tanto Londres como Estocolmo apuestan por ser más estrictos porque sería beneficioso para sus firmas. Al parecer, muchos inversores podrían abandonar París y Fráncfort en busca de bancos más capitalizados .

Los acuerdos de Basilea III se forjaron a finales de 2010 en respuesta al crash financiero global. Los países del G20 impulsaron los compromisos para que en el futuro el sector resista el estallido de una burbuja inmobiliaria o el impacto de una profunda recesión.

Pese a las dudas que rodean a las entidades españolas, el ministro de Economía remarcó que mantiene toda su confianza en la reforma financiera aprobada en febrero. De Guindos no descartó sociedades de liquidación para sacar los activos tóxicos de las balances de las entidades, pero dejó la decisión final en manos del propio sector, aunque el Gobierno y el Banco de España regularían su funcionamiento.