La sombra perenne del desfalco

Como la mar, a veces tranquila a veces revuelta, pero siempre constante. Eso pasa con el desfalco de 7,8 millones de euros en la ciudad. Aunque a veces irrumpe como una tormenta para luego dejar paso a la calma, el suceso siempre está presente entre los isleños. Las dudas siguen sin despejarse y a la espera de los juicios para aclarar lo ocurrido en la caja municipal, los ciudadanos deben contentarse con las novedades que se producen en los procesos abiertos, tanto el penal como el contable.

Es el último el que ahora está dando de que hablar, puesto que según su tramitación el Ayuntamiento debe afrontar una importante decisión: ¿A quién demanda para recuperar el dinero? Aunque el PSOE ha puesto en duda la capacidad del PP para afrontar este paso, el alcalde de la ciudad, José Loaiza, ha dejado bien claro que serán los servicios jurídicos los que decidan qué es lo más conveniente para el Ayuntamiento, sin que medie ningún tipo de presión. Aún así, la semana que viene se producirá una reunión entre los portavoces de los grupos políticos con representación en el pleno para abordar la mejor fórmula para garantizar la transparencia.

Pero los problemas con la defensa no solo se han centrado en qué se va a hacer, sino que también en quién lo va hacer. La renuncia del letrado del Consistorio (al considerar la existencia de un conflicto de intereses), hizo que Loaiza pidiera un abogado ala Diputación para llevar el caso. El portavoz socialista, Fernando López Gil, lo criticó al considerar que se debe contratar a un experto para atender los intereses de la ciudad. La cifra del coste lo dio la secretaria del Ayuntamiento en un informe elaborado a petición del equipo de Gobierno, pues según la elevada cantidad que se reclama y las tarifas del Colegio de Abogados, la minuta por los servicios prestados por un letrado externo ascendería a unos 390.000 euros.

Y todo ello cuando el interventor y la tesorera ya han movido ficha y presentado un recurso en el que solicitan la nulidad del actual proceso del Tribunal de Cuentas. El motivo es que no se han fijado las cantidades subsidiarias de las que supuestamente son responsables. De prosperar, la causa volvería a su fase de instrucción y todo volvería a atrasarse en el tiempo.

En donde apenas hay novedades es en el caso penal. El juicio para determinar de forma básica y resumida quién paga con cárcel lo ocurrido, sigue sin tener fecha. Hace más de un año que el perito judicial está validando la última investigación de la Policía, sin que se sepa nada más. Tres años se han cumplido y el desfalco se ha instalado de forma perenne en San Fernando.