El interventor y la tesorera elevan un recurso ante el Tribunal de Cuentas

El proceso abierto por el Tribunal de Cuentas por el desfalco de 7,8 millones de euros en el Ayuntamiento, comienza a tomar forma y las personas implicadas a moverse. Es el caso del interventor y de la tesorera, responsables subsidiarios, según la Cámara de Cuentas, que tendrían que hacer frente con su patrimonio al pago de los más de nueve millones de euros que se reclama (la cantidad del dinero que falta más los intereses) en el caso de que los responsables directos, que en este caso son los dos imputados en la causa penal, los ex cajeros, no puedan hacer frente a este pago con su patrimonio.

Motivo por el que ambos responsables han elevado un recurso ante el Tribunal pidiendo la nulidad del proceso y, por tanto, que la causa se retrotraiga al principio, ya que en la resolución de la Cámara de Cuentas no se especifica la cantidad que cada responsables subsidiario (en el que también se suman los ex alcaldes andalucistas, Antonio Moreno y Manuel María de Bernardo y el anterior interventor) debe pagar. Es algo que ya denunció el propio Antonio Moreno nada más salir de la vista que tuvo lugar en la sede del órgano fiscalizador en Sevilla, en la que se notificó de la propuesta de liquidación del polémico caso.

Antonio Moreno no entendía cómo va a ser responsable subsidiario de más de nueve millones de euros si cuando él dejó la Alcaldía supuestamente el error contable tan solo ascendía a 1,2 millones de euros. A eso se agarran los funcionarios públicos en su recurso: si es tenido en cuenta, retrasaría de forma notable el proceso, al tener que volver de nuevo a Sevilla para revisar la propuesta, que de nuevo debería señalar una vista en la que se notificaría a los implicados en el proceso.

Desbordados

Precisamente, tanto interventor como tesorera alegaron a la Cámara de Cuentas que, por su parte, no ha habido ningún tipo de negligencia sino «una falta de medios y un exceso de trabajo». Unos problemas que expusieron en los diferentes informes anuales que realizaban sin que nadie lo tuviera en cuenta. Es más, llegaron a declarar que su labor ha sido muy aceptable a pesar de las dificultades que se les presentaba para poder trabajar de forma adecuada. Por ello, consideran que no son responsables de lo ocurrido en la caja municipal.

Y todo ello cuando el Ayuntamiento debe dar el siguiente paso e interponer una demanda ante el Tribunal de Cuentas en la que especifica a quién le pide la restitución de lo que se perdió en la caja municipal.