El Congreso frena los intentos de fiscalizar la actividad del Rey

El compromiso de dotar de mayor transparencia a la Casa del Rey no quiere decir que, de pronto, se haya abierto la veda para que los grupos parlamentarios puedan fiscalizar lo que hace o deja de hacer el Monarca. La Mesa del Congreso admitió a trámite ayer tres cuartas partes del medio centenar de preguntas que habían formulado cuatro fuerzas políticas al hilo del viaje de don Juan Carlos a Botsuana, pero tumbó, en cambio, un buen puñado de ellas, justamente las que inquirían sobre las actividades privadas del Rey.

Eso es lo que cabe deducir de las explicaciones que ofreció ayer la vicepresidenta primera de la Cámara baja, Celia Villalobos, porque, en realidad, los grupos no han recibido aún información acerca de cuáles de sus preguntas han pasado el filtro que el órgano de gobierno del Congreso, integrado por PP, PSOE y CiU, estableció al principio de la legislatura, cuando el 'caso Urdangarin' ya había agitado ánimos y conciencias.

La regla es muy básica: toda vez que el Legislativo tiene funciones de control sobre el Ejecutivo, se admiten a trámite las preguntas al Gobierno si tienen relación con sus competencias; todo lo que pueda ser interpretado como control a la Jefatura del Estado, en cambio, cae en saco roto y lo mismo ocurre con cuestiones que Villalobos llamó de la «vida privada» del Rey. Entre las que hay certeza de que han sido admitidas están las cinco que planteó UPyD en el Congreso y dos del PNV en el Senado.

Entre las cuestiones planteadas no había, en realidad, ninguna cuestión estrictamente personal. Izquierda Unida sí inquiría, por ejemplo, sobre Corina zu Sayn-Wittgestein, que, según algunos medios, acompañaba al Monarca en su viaje a África y ha asistido como consejera estratégica a encuentros oficiales en el extranjero. Pero no aludía a la naturaleza de su relación con el Rey. Esquerra Republicana, por su parte, preguntó cosas como «¿quién paga el viaje de los acompañantes del Monarca?» o si tenía conocimiento el Gobierno de las personas que acompañaban al Rey en la cacería que, supuestamente, corrió a cargo del magnate saudí, Mohamed Eyad Kalayi.

Cabe pensar que algunas de ellas estarán entre las que no llegarán al Ejecutivo para su respuesta por escrito. En ese caso, IU ya ha advertido de que las remitirá a la Zarzuela, como hizo cuando se vetó su pregunta sobre la veracidad de un informe que el embajador alemán a principios de los ochenta había remitido a Bonn y en el que hablaba de una actitud «comprensiva» de don Juan Carlos hacia los golpistas del 23-F.

Entonces la Casa Real, que en septiembre emprendió una campaña aperturista para hacer frente a las polémicas, sorprendió con un lacónico desmentido a esa información, recientemente desclasificada por el Gobierno de Alemania. Si ahora se seguirá un procedimiento similiar es algo que en la Zarzuela no se atreven aún a dar por sentado.

Satisfacción en la Zarzuela

Por lo pronto, la Casa del Rey considera «muy acertados» los criterios fijados por el Congreso. Y también se muestra satisfecha con la decisión del Gobierno de no incluir a la Corona en la futura Ley de Transparencia. Decisión del Gobierno que también respalda el PSOE, más allá de que su jefe de filas, Alfredo Pérez Rubalcaba, admita que es necesario avanzar hacia una menor opacidad.

En la Zarzuela insisten en que ya se han dado pasos, como la publicación de parte de los presupuestos reales, y que aún se dará alguno más. Lo que en ningún caso se revelará, aclaran, es la agenda privada del Rey. Cosa distinta es que se informe de en qué país se encuentra, pero no de qué hace ni con quién.

Algunos grupos subrayan que eso también puede llegar a ser relevante. Igual que ocurre con los miembros del Gobierno, puede haber relaciones poco deseables, dicen, o regalos poco justificados. En lo que va de legislatura, Esquerra, la formación más crítica con la Corona, ha formulado ya más de un centenar de preguntas sobre la actividad de don Juan Carlos. Y por esa vía ha recibido respuestas variadas; algunas específicas pero otras muchas vagas.

El Ejecutivo se limitó, por ejemplo, a dar el pasado 5 de marzo una respuesta estándar, en la que recuerda cuál es su relación, constitucionalmente definida, con el Rey, a una batería de preguntas como «¿considera el Gobierno que debería existir un régimen de incompatibilidades para los miembros de la Casa Real entre sus actividades públicas de caracter representativo y las privadas?».