El Congreso da su apoyo a Repsol

El Gobierno de Mariano Rajoy tuvo claro desde los primeros días de mandato que la campaña lanzada por el Ejecutivo de la presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner era de hostigamiento. El ministro de Industria, José Manuel Soria, que no desveló en su comparecencia ante la Comisión correspondiente del Congreso la 'hoja de ruta' de futuras medidas contra la expropiación de YPF, logró captar con su relato de los hechos el apoyo de la práctica totalidad de las fuerzas políticas «en defensa de la seguridad jurídica y el orden internacional» y contra las formas en que se ha llevado a cabo esa incautación.

Admitió Soria que la orden ministerial promotora del biodiésel comunitario, la única decisión efectiva adoptada de momento, la dejó el Gobierno del PP en el cajón, pese a que estaba dispuesta por parte del Ejecutivo anterior, para no dar pie a que pudiera ser tomada como causa del expolio. Desveló que en las conversaciones mantenidas con los mandatarios argentinos se manifestaron exigencias tan desorbitadas como la de que Repsol «procediera a realizar en Argentina todas las inversiones que tenía previsto llevar a cabo en todo el mundo».

Soria hizo en el Congreso un pormenorizado relato de los acontecimientos transcurridos desde que el Gobierno Kirchner cambió el signo de sus relaciones con Repsol -a partir de octubre, cuando la presidenta logró un holgado refrendo electoral- y pasó de los elogios a los requerimientos. Las formas adoptadas por los dirigentes, con desalojo inmediato de los directivos de Repsol de sus despachos en Buenos Aires, y el allanamiento de la casa del presidente, fueron denunciadas por todos los portavoces. Sobre esta base, el ministro obtuvo el apoyo mayoritario de las fuerzas parlamentarias «en defensa de la legalidad y del orden jurídico internacional».

Después vinieron los matices. Junto a la incondicional adhesión del PP, Soria recibió el aliento del portavoz socialista, que dio lectura a párrafos completos de un artículo del premio Nobel Mario Vargas Llosa, en su denuncia de la «política populista» de un Gobierno que acerca a Argentina «al abismo». También el representante de CiU, Josep Sánchez Libre, se alineó con estas tesis, y exigió que la petrolera presidida por Antonio Brufau logre cobrar el justo precio, frente a la actuación de «confiscación y rapiña» del Ejecutivo Kirchner.

Otros portavoces insistieron en conocer la 'hoja de ruta' de las decisiones del Gabinete Rajoy para dar respuesta a la expropiación, y el ministro, que se vio respaldado ante la Comisión por la presencia de su colega de Asuntos Exteriores, José Manuel García- Margallo, insistió una vez más en que las medidas «se adoptan, pero no se anuncian». España ha vuelto a elevar el tono de la reclamación, si bien confía buena parte de las respuestas a las decisiones comunitarias de suspender a Argentina de la aplicación del régimen de preferencias generalizadas o de la zona de libre comercio negociada entre la Unión Europea y Mercosur.

En esta línea, el comisario europeo de Industria, Antonio Tajani, ha avisado al Gobierno de Cristina Kirchner que el Ejecutivo comunitario «no permanecerá cruzado de brazos» ante la expropiación de YPF, una decisión que considera «errónea». Tajani participó ayer en Madrid en IV Conferencia Internacional sobre Europa y América organizada por el diario ABC y BBVA.

Estrategia energética

En la Comisión de Industria del Congreso, representantes de distintas fuerzas políticas también dejaron claro en la Comisión que no les ha gustado el tono «patriotero» de algunos discursos, y algunos criticaron la defensa a ultranza de los proyectos de Repsol, cuya estrategia energética no comparten. Pedro Azpiazu (PNV) evocó que en Argentina hay «muchos intereses», además de los propios de la petrolera, mientras Rosa Díez (UPyD) encontró las posiciones del Ejecutivo «demasiado cargadas en la defensa de Repsol», a la vez que pidió «envolverse en la bandera de la legalidad y el respeto a las reglas del juego».

Los representantes de Izquierda Plural abundaron en las críticas a lo que consideraron «reacción desproporcionada» del Gobierno de Mariano Rajoy en apoyo de lo que no es ni más ni menos que una sociedad anónima. Afirmaron que Argentina tiene derecho a recuperar la propiedad y el control de los recursos naturales propios, censuraron lo que consideran «confusión de intereses» entre los españoles y los de la petrolera, y conminaron al ministro a «no exacerbar el conflicto».