El PP pedirá el encarcelamiento del exconsejero andaluz de Empleo

El PP y Manos Limpias pedirán a la juez Mercedes Alaya el encarcelamiento del exonsejero andaluz de Empleo Antonio Fernández, que está imputado por seis delitos en la investigación del presunto fraude de los ERE, entre ellos cohecho, malversación y tráfico de influencias. El partido y la asociación, personados como acusación particular, harán efectiva la reclamación en cuento el exalto cargo termine su declaración, cosa que podría ocurrir hoy. Falta por conocer la postura de la Fiscalía y la decisión final de la juez, que sí decretó esta severa medida cautelar tras interrogar al subordinado de Fernández, el exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, y al chofer de éste, Juan Francisco Trujillo, ambos en prisión desde entonces.

Fernández, que ayer superó la tercera jornada seguida de intenso y crispado interrogatorio, volvió a defender la legalidad de su actuación en la concesión de ayudas directas a empresas en crisis y prejubilaciones de trabajadores, incluida la que recibió él mismo a través de una bodega de Jerez para la que trabajó durante once años, hasta 1981, momento en que pidió una excedencia forzosa tras ser elegido concejal en dicho ayuntamiento y a la que ya no retornó. La juez entiende que Fernández pudo aprovecharse de su cargo para participar en la tramitación del ERE de la bodega González-Byass en su propio beneficio, haciéndose beneficiario de una póliza de prejubilación por valor de 385.000 euros como «intruso». El exalto cargo insistió en que no llegó a cobrarla porque ya había saltado el escándalo a la luz pública.

Posible «intruso»

El exconsejero, que dejó constancia de su «indignación» ante una acusación que le causa «perjuicio familiar y social», alegó que nunca tuvo intención de cobrar la póliza sufragada con dinero público, como demuestra que no la firmara en julio de 2008 con el resto de sus compañeros. Caso distinto es la indemnización por despido, unos 31.400 euros pagados por la empresa, que si tuvo intención de cobrar al entender que era un derecho que le correspondía. Un punto en el que la juez hizo especial hincapié, dado que estima que al no renovar formalmente por escrito la excedencia de la empresa, transcurridos los primeros cuatro años, se da por extinguida la vinculación laboral. De ahí que le achaque el carácter de «intruso».

Fernández también se desmarcó de la tramitación de las ayudas y aseguró que solo tuvo conocimiento del ERE cuando le informó personalmente el presidente de la bodega, que le comunicó que se quedaba sin empleo y que sería incluido en el listado de prejubilados.

El fiscal centró su interrogatorio en la legalidad o no del convenio marco que amparaba la concesión de ayudas desde la Junta. Según el exconsejero, si inicialmente la Intervención General de Hacienda de la Junta cuestionó o puso reparos al proceso, nunca emitió un informe negativo para paralizarlo e incluso se adoptaron las sugerencias que aconsejó.

De hecho, cuando Guerrero fue sustituido al frente de la Dirección General de Trabajo en 2008, su sucesor, Juan Márquez, también imputado en esta causa, realizó un balance general del departamento y recibió un informe de la Intervención en el que señaló que el procedimiento de concesión era correcto en términos generales. Solo se cambió por mor de una nueva normativa vigente desde ese mismo año. Fernández reiteró que su nuevo director general paralizó diversas ayudas al detectar algo raro.

El Ministerio Público, al que sucederá en el interrogatorio una veintena de abogados defensores, apuntó a que la Junta ideó el sistema de ayudas para tener las manos libres y fondos incontrolados para favorecer a personas del entorno de los políticos, de los intermediarios en la tramitación o del PSOE.