El gran acuerdo que apuntaló la Transición democrática

Una inflación galopante, desmesurada; una deuda exterior monumental consecuencia de la subida del precio del petróleo en 1973 contra la que nada se había hecho; unas empresas ahogadas por las obligaciones contraídas, que no tenían más remedio que cerrar y dejaron a miles de trabajadores en la calle; unas cifras de paro desconocidas que crecían a marchas forzadas y para las que apenas había medidas paliativas (solo un tercio de los desempleados recibían subsidio) y una conflictividad social que amenazaba con truncar la ansiada marcha hacia un régimen constitucional. Ese fue el caldo de cultivo en el que se fraguaron los Pactos de la Moncloa en 1977.

La situación, como ahora, era alarmante y requería de medidas urgentes. El Gobierno tuvo claro que el momento requería de unas condiciones sociales y económicas mínimas y diseñó una propuesta dividida en dos niveles: unos ajustes económicos para el corto plazo sobre los que no estaba dispuesto a cambiar «ni una coma», como años después reconocería el exdirector general de Política Económica, José Luis Leal, y unas reformas económicas y sociales que debían ser puestas en marcha pero sobre las que consideraba que había margen de negociación.

Manuel Fraga se descolgó del acuerdo político, que eliminó la censura previa y se comprometía a legalizar el divorcio. El texto también recogía el derecho de reunión y asociación, la reforma del Código Penal y la reorganización de las fuerzas del orden público. Pero todos los partidos suscribieron el acuerdo económico que planteaba como inevitables medidas de control presupuestario, de política monetaria (poco antes ya se había devaluado la moneda) y de contención salarial.

En el paquete de reformas de largo alcance, para su desarrollo futuro, se incluyó la del sistema fiscal y de la administración tributaria (entonces pocos pagaban impuestos), un plan para el control de la solvencia y la liquidez de bancos y cajas y la flexibilización del mercado laboral.

El entendimiento fue posible en gran parte por la posición que adoptaron CC OO y el PCE, que había sido legalizado en abril de ese mismo año. Pero condiciones políticas al margen, Suárez pudo echar mano de un programa económico muy madurado en el que un equipo de expertos economistas, dirigido por Fuentes Quintana, había trabajado tres años. Hoy no parece haber algo semejante.