Rajoy fracasa en su intento de reunir apoyos para aprobar los Presupuestos

Mariano Rajoy ha fracasado en su intento de lograr algún socio parlamentario que acompañe al Gobierno en la aprobación de los Presupuestos del Estado más restrictivos de la democracia y que le ayude a justificar ante los ciudadanos la necesidad de tomar una batería de medidas y recortes que sabe duros e impopulares.

El Ejecutivo lo intentó hasta el último momento con CiU, el único grupo que hasta ahora le ha dado cobertura en todas las reformas, incluida la del mercado laboral, o la Ley de Estabilidad Presupuestaria, pero Josep Antoni Duran i Lleida dijo no. Una negativa que, según fuentes de la coalición, se mantendrá hasta que el Gobierno acepte las exigencias mínimas de los nacionalistas catalanes, que pasan por que el Estado les abone al menos los más de 200 millones para inversión en infraestructuras en Cataluña que prevé la disposición adicional tercera del Estatut para cada ejercicio. El Gobierno no lo ve posible y CiU lo interpreta como una «deslealtad institucional».

Cuando el ministro de Hacienda suba el próximo martes a la tribuna del Congreso para defender un proyecto que recorta en 27.000 millones de euros las cuentas del año pasado, incluye un congelación salarial de los funcionarios, una amnistía fiscal para el dinero negro, y un recorte del 17% en el gasto de los ministerios y de casi el doble en la inversión directa se encontrará solo en el hemiciclo.

Cristóbal Montoro tendrá el consuelo de saber que, pase lo que pase y oiga lo que oiga, la amplia mayoría absoluta del PP, 185 diputados, impedirá al día siguiente que los Presupuestos sean devueltos al Gobierno y garantizará que entre mayo y junio, una vez acabada la fase de enmiendas en el Congreso y el Senado, las cuentas públicas de 2012 quedarán aprobadas por ambas cámaras.

Eso será lo bueno. Lo malo es que, por primera vez desde el inicio de la legislatura, tendrá enfrente a la oposición en bloque. Los cinco grupos parlamentarios ajenos al Gobiern, PSOE, CiU, IU, PNV y UPyD, y la casi totalidad de los partidos del grupo mixto, Amaiur, ERC, BNG, Coalición Canaria y Compromís-Equo, registraron ayer enmiendas a la totalidad de los Presupuestos, que exigen su devolución al Ejecutivo y que el miércoles, al término del debate, se traducirán en un no al proyecto.

Será el preámbulo político de las manifestaciones contra los recortes en los servicios públicos que UGT y CC OO ya han convocado en toda España para el próximo 29 de abril, y que son la continuación de las movilizaciones y la huelga general vividas en marzo.

Los únicos que acompañarán a los 185 diputados del PP a la hora de rechazar estas enmiendas serán el diputado de UPN, que concurrió en la misma lista electoral que los populares en Navarra, y el parlamentario de Foro Asturias, el partido liderado por Francisco Álvarez-Cascos, que vota siempre junto al Gobierno.

Diez enmiendas de totalidad

Las diez enmiendas a la totalidad registradas por la oposición, tanto las de la izquierda más radical como las de los nacionalistas conservadores, tienen una crítica en común a los Presupuestos de Rajoy. Con mayor o menor dureza, según el sesgo ideológico, defenderán que el Gobierno se equivoca al sacrificarlo todo al cumplimiento estricto del objetivo de déficit que pide la UE, el 5,3% para 2012. Creen que el resultado del error será no solo la profundización de la recesión económica y un aumento del desempleo -el propio Ejecutivo calcula que este año habrá 650.000 parados más-, sino que, además, el Gobierno no podrá recortar el déficit en la proporción deseada.

La oposición considera que la excesiva reducción del gasto, la caída en un tercio de la inversión, especialmente en I+D+i, infraestructuras y Educación, y la falta de políticas de estímulo para el crecimiento harán desplomarse la actividad y los ingresos públicos.

Los socialistas echarán en cara a Rajoy que no se atreve a acudir al Congreso para explicar los recortes presupuestarios y los 10.000 millones adicionales de reducción del gasto en Sanidad y Educación que ha impuesto a las autonomías. Según su enmienda a la totalidad, denunciarán, como IU, que estas medidas «suponen el mayor ataque a los pilares básicos del estado de bienestar», el incumplimiento de todas sus promesas electorales, y una vuelta de tuerca que recae solo sobre los asalariados y las rentas más bajas.

UPyD hablará de «naufragio» y de la necesidad de reducir el estado autonómico; nacionalistas vascos, catalanes, canarios y gallegos, por contra, denunciarán la asfixia a las autonomías; y Amaiur sostendrá que el proyecto no ayuda «a la solución del conflicto vasco».