La deuda reclamada por los proveedores suma un total de 37,7 millones de euros

El jueves terminaba el plazo presencial para que los proveedores del Ayuntamiento pudieran dar su conformidad para beneficiarse del plan de pagos promovido por el gobierno central. La cifra que en total han reclamado asciende a 37,7 millones de euros, que responden a 4.060 facturas aceptadas, según los datos publicados por la delegada municipal de Hacienda, Ascensión Hita. A pesar de que el periodo presencial ya ha concluido, sigue estando abierto por vía telématica hasta el domingo para aquellos proveedores que quieran sumarse al plan y no lo hayan hecho todavía. Éstos lo podrán realizar a través del portal web de la Agencia Tributaria.

En relación al desglose de la deuda contraída con los mencionados acreedores, un total de 3.284 facturas corresponden al Ayuntamiento, que suma un débito de 9,1 millones. En el caso de Chiclana Natural, la cuantía de la suma de las 711 facturas contabilizadas, asciende a 28,1 millones de euros. Además de éstas, están pendientes de contabilizar otras 62 más por un importe de casi ciento veintisiete mil euros. Asimismo, por lo qe se refiere a la Gerencia Municipal de Urbanismo acumula una deuda de poco más 455.000 euros, referente a 157 facturas aceptadas. Al igual que en el caso de Chiclana Natural, aún quedan otras 65 más sin confirmar que responden a un total de 85.315 euros.

Una vez concluya el plazo definitivo, concretado el próximo domingo, para que los proveedores acepten las cantidades adeudadas, el Ministerio de Hacienda procederá a ir ingresando en las cuentas de éstos el importe reflejado en las listas definitivas. Todo esto, según prevé el Gobierno Central, se comenzará a llevar a cabo a partir del próximo 1 de mayo. Por su parte, para la delegada municipal de Hacienda esta medida supone «un balón de oxígeno para las empresas y un revulsivo para generar confianza de los emprendedores en la Administración y así crrear empleo».

En relación a las facturas a pagar, no se incluye la deuda financiera, ni las que no están reflejadas en el Real Decreto como la subvención al déficit de explotación de transporte público, los contratos privados (como de arrendamientos o artistas), las cuotas de comunidades de propietarios, se organismos supramunicipales, los seguros sociales, hacienda pública o IRPF.