La jueza imputa al exconsejero de Empleo hasta seis delitos por las ayudas de los ERE

El procedimiento de ayudas a las empresas y prejubilaciones pagadas con dinero público en Andalucía era y es una fórmula legal, aunque luego pudiera haber usos fraudulentos. El exconsejero de Empleo entre 2004 y 2010, Antonio Fernández, se aferró ayer a esta tesis para defender su inocencia en la investigación sobre el supuesto fraude de los ERE. La jueza Alaya, sin embargo, mantiene que son ayudas nulas de pleno derecho y entiende que como responsable del convenio marco que amparó esas subvenciones, Fernández no solo es el responsable intelectual, sino que además debía conocer todas las irregularidades.

Después de un año de espera desde que conoció que debería comparecer ante la jueza instructora, y tras el encarcelamiento del exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero y su exchofer, el exconsejero es la persona de mayor rango en el escalafón de la Junta de Andalucía implicado en esta trama. De momento, la jueza Mercedes Alaya le cree responsable de cuatro delitos continuados de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude en subvenciones y negociación prohibida a funcionario público, es decir, tráfico de influencias. También le imputa un delito de cohecho y otro de falsedad en documento mercantil por autoincluirse como prejubilado en una empresa para la que ya no estaba trabajando.

Fernández vivió ayer la primera de las jornadas de un interrogatorio que se prevé largo y en la que se enfrentó a la ya popular dureza de la jueza Alaya. Sin embargo, defendió en todo momento la validez del sistema para la concesión de las ayudas suscrito en 2001 y que estuvo vigente hasta hace unos años. Según explicó, al ser un procedimiento sin ninguna irregularidad a ojos de la administración regional, era normal que fuera conocido por el consejo de Gobierno de la Junta. De hecho, fue el Ejecutivo quien además del convenio aprobó una modificación presupuestaria -contemplada en la memoria explicativa- por valor de 13.000 millones de las antiguas pesetas.

«Más operativo»

Frente a la tesis de la magistrada de que se hizo un cambio de procedimiento para evitar la fiscalización de los órganos de control de la Junta, el exconsejero insistió en que la Junta entendía que el nuevo sistema de transferencia de financiación a través de un organismo público como el antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) permitía una «mayor globalidad y era más operativo». De esta manera, se facilitaba el cumplimiento de los objetivos del Gobierno respecto a las ayudas a los trabajadores, a empresas en crisis y a los territorios de la comunidad autónoma andaluza.

Sí es verdad, como reconoció, que para llevarlo a cabo no se consultó a los servicios jurídicos de la Junta u a otro bufete externo. También que tuvo conocimiento de los reparos que en diversas ocasiones presentó la Intervención General de la Junta, que le fueron trasladados por su entonces viceconsejero Agustín Barberá, también imputado en la causa. Sin embargo, al no contar con un informe negativo, consideraron «que seguía siendo viable». De hecho, Fernández mantuvo que su confianza en la legalidad del sistema era tal que aunque hubiera conocido informes en contra hubiera seguido aplicándolo.

A tenor de los anteriores interrogatorios y del relato de hechos en los que la jueza Alaya le implica, el exconsejero lo tendrá muy difícil para llegar a convencerla de su inocencia.

En su exposición inicial, según informaron fuentes judiciales, la magistrada acusó a Antonio Fernández de ser «corresponsable del uso descuidado y abusivo» del dinero público, demostrando incluso una «absoluta falta de diligencia en la entrega de dinero a aseguradoras de dudosa solvencia y sin autorización». También le acusa de «haber autorizado un ERE para beneficiarse a sí mismo», aunque no cobró la póliza de prejubilación -por valor de 400.000 euros-porque ya había saltado el escándalo a la luz pública.