Interior cree que ETA carece de capacidad para volver a atentar

El Gobierno comienza a interiorizar que el parón en la violencia de ETA es para siempre. La víspera de que se cumplan seis meses desde que la banda anunció el «cese definitivo» de sus acciones, el ministro del Interior admitió que la organización está «muy diezmada» y que las fuerzas de seguridad consideran que ya «no tiene capacidad operativa para volver a actuar como una banda terrorista».

Este medio año sin atentados ni impuesto revolucionario, con una clara evolución de la izquierda abertzale hacia la vida institucional y con apenas episodios aislados de 'kale borroka', parecen haber modificado la visión inicial de los dirigentes populares, que, incluido el propio Jorge Fernández, pensaron que podían estar ante un truco más del mundo de ETA para retornar a la política y reorganizar su maltrecha infraestructura, golpeada por constantes desarticulaciones policiales.

El ministro no se atrevió con el nunca jamás porque cree que un simple pistolero con ganas de matar es «incontrolable», pero desveló que ETA, aunque todavía tiene algunas armas, carece de «zulos inmensos» de explosivos y se ve reducida a «una mermada estructura» en el sur de Francia.

Tal es la decadencia que Fernández observa en la banda que, según aseguró en la Ser, por primera vez en décadas es la izquierda abertzale quien «manda» sobre ETA. Explicó que el proceso en paralelo de debilitamiento de la banda, acorralada por la Policía y los jueces, y de fortalecimiento de su entorno político, cimentado en los sucesivos éxitos electorales, ha cambiado la batuta de manos.

Pese al mayor convencimiento de lo irreversible del proceso, el Gobierno no variará la política de firmeza contra ETA y sus presos y de ignorancia y cuarentena hacia la izquierda abertzale. Reconoce que lo ocurrido desde el 20 de octubre es bueno e incluso «esperanzador», pero rechaza caer en «la ingenuidad» y mantiene la exigencia original. El proceso del fin del terrorismo estará «incompleto» hasta que la banda anuncie su desmantelamiento definitivo e incondicional.

Es más, como cree que es la izquierda abertzale quien ahora porta los galones, puso dos condiciones a Amaiur, Bildu o cualquiera otra de sus marcas si quieren hablar con el Ejecutivo y el PP, exigir la disolución inmediata a la banda y pedir perdón por los crímenes y ataques «que han jaleado durante años». El ministro no tiene dudas de que si la izquierda abertzale lo pide «ETA se vería abocada a su disolución».

A la espera del paso, el Gobierno mantendrá una política penitenciaria inflexible -pese a las demandas en contrario del lehendakari o del PNV- y el veto a cualquier contacto o gesto con la banda o los radicales, por más que insistan en demostrar su poder en las calles de Euskadi.

Dos hechos que se dilucidarán en pocos días podrían alterar la estrategia gubernamental. Que el Tribunal Constitucional legalice a Sortu, la evolución política de Batasuna, y que el Tribunal Supremo absuelva a Arnaldo Otegi por el 'caso Bateragune' y lo excarcele.