El Gobierno acorta a seis meses el plazo para 'intervenir' una autonomía

El Gobierno ha acortado de nueve a seis meses el plazo para 'intervenir' las cuentas de las comunidades incapaces de cumplir la disciplina fiscal o pagar sus deudas. El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, aseguró que la prioridad del Ejecutivo es cumplir la ley de estabilidad presupuestaria, y que «no dudará» en imponer ajustes a las que se declaren incapaces de «cumplir sus obligaciones financieras».

Este cambio se ha sustanciado en dos enmiendas introducidas en los artículos 23.1 y 24 de la ley, que ahora se tramitará en el Senado por el procedimiento de urgencia.

El nuevo texto establece que las administraciones incumplidoras tendrán un mes para presentar planes de reequilibrio, cuya puesta en marcha no podrá demorarse más de tres meses. Hacienda elaborará cada trimestre un informe de seguimiento de dichos planes, y requerirá a la administración responsable que justifique los posibles desfases. Si el informe del trimestre siguiente muestra que «persiste» el incumplimiento del objetivo de estabilidad, «se aplicarán las medidas coercitivas», entre ellas el envío de «una comisión de expertos» a la administración en cuestión.