El PSOE llevará al Constitucional la amnistía fiscal del Gobierno

La oposición del PSOE a la amnistía fiscal planteada por el Gobierno para recaudar 2,5 millones este año no se limitará a las palabras. Los socialistas ya habían advertido de que estudiarían las posibilidades de un recurso de inconstitucionalidad contra esta medida que, a juicio del Ejecutivo, podría hacer aflorar más de 30.000 millones de euros de dinero negro. Alfredo Pérez Rubalcaba confirmó ayer que pedirán al máximo garante de la Carta Magna que la tumbe porque, dijo, vulnera el principio de igualdad de los españoles.

El principal partido de la oposición sostiene que, en un momento de crisis en el que se pide a los ciudadanos grandes esfuerzos, el mensaje de que los defraudadores quedan impunes, aunque sea para tratar de engordar las exiguas arcas públicas, es pernicioso y desincentiva el comportamiento responsable de quienes hasta ahora han cumplido religiosamente con Hacienda. «Es injusto -reiteró Rubalcaba en TVE- e inmoral».

El recurso del PSOE ante el Constitucional se centrará fundamentalmente en que al eximir a quienes saquen a la luz su dinero oculto, con plazo hasta el 30 de noviembre, se perdonarán las sanciones, intereses y recargos a los defraudadores y solo se les hará pagar el 10% del valor de los bienes o importes declarados. Los socialistas, que se suman a Izquierda Unida, la primera en plantear recurso de inconstitucionalidad, sostienen que ya hay jurisprudencia contraria a medidas de este tipo.

En concreto, recuerdan que en 2005 el tribunal se pronunció ya en contra de un decreto aprobado por el Gobierno de José María Aznar en 1996 sobre Medidas Urgentes de Carácter Fiscal y de Fomento y Liberalización de la Actividad Económica. Dejó claro, dicen los socialistas, que un decreto ley no puede producir un cambio normativo que «altere sensiblemente la posición del obligado a contribuir según su capacidad económica».

Recaudación futura

El PP alega, por su parte, que los planteamientos del primer partido de la oposición no se compadecen con la realidad. La secretaria general de la formación, María Dolores de Cospedal, defendió que no se debe hablar de amnistía sino de «regularización». «Lo que se persigue es que mucha actividad que hoy está en la llamada economía sumergida aflore, sea productiva y genere rentabilidad a todo el país. Se va a tributar por lo que se declare pero también en el futuro; distinto - replicó- a la auténtica amnistía fiscal del PSOE en su día».

En 1984 y 1991 los gobiernos socialistas de Felipe González tomaron medidas similares a la que ahora plantea el Ejecutivo de Rajoy, pero los socialistas aducen que aquellos casos no son comparables con el actual y que lo que realmente se hizo fue «poner el contador a cero» con la creación de la Agencia Tributaria. También niegan que una idea similar estuviera nunca sobre la mesa de José Luis Rodríguez Zapatero y su ministra de Economía, Elena Salgado, a pesar de que durante varios días en 2010 el asunto apareció en los medios.

Aunque no existen datos oficiales, la economía sumergida y la evasión de impuestos lastra considerablemente las arcas públicas. Según un informe de los socialistas progresistas y demócratas en el Parlamento Europeo, España deja de ingresar tanto como 73.000 millones de euros al año; lo equivalente al 70% del gasto dedicado a Sanidad.

Este no es, en todo caso, un problema exclusivamente español. Si la economía en la sombra supone un 22,5% del total, la media de la UE está en el 22,1%. Y en peor situación están Italia y los países del Este. Aun así, el PSOE duda de que una amnistía sea eficaz y ve la solución en poner más medios contra el fraude.