El Gobierno cree que la decisión «es pésima» para los dos países

La expropiación del 51% de YPF hasta ahora en manos de Repsol es una decisión «arbitraria», «discriminatoria» y «hostil» para el Gobierno español, que la condena con absoluta energía. Miembros del Gabinete de Rajoy han vuelto a amenazar al ejecutivo de la presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner con tomar todas las medidas «claras y contundentes» en defensa de los legítimos intereses de la operadora, pero cuyo alcance y contenido no concretaron. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, y el titular de Industria, José Manuel Soria, explicaron, tras reunirse de urgencia con el presidente Mariano Rajoy y la vicepresidenta Sáenz de Santamaría, que el Gabinete, a diferencia de otros, «no toma decisiones» en encuentros de este tipo. Tan solo precisaron que la denuncia de la situación se ha llevado de inmediato al pleno del Parlamento europeo que está celebrando sesión.

Mientras las actuaciones toman cuerpo en los próximos días, los ministros españoles no escatimaron las descalificaciones al Ejecutivo argentino, a quien acusaron de «quebrar la seguridad jurídica», «romper el clima de tradicional amistad que une a los dos países» con una decisión «pésima» y de faltar reiteradamente a su palabra. Así interpretan el incumplimiento del acuerdo verbal alcanzado el pasado 28 de febrero, cuando el responsable español de Industria pactó con los ministros de Planificación y de Economía del país austral que todos los contenciosos con Repsol se iban a resolver «mediante negociación y diálogo».

No hubo manera de concertar después fecha y hora para la constitución de los correspondientes grupos de trabajo, reconocieron. Y la noticia de la expropiación sorprendió a los dirigentes españoles cuando se habían confiado por las palabras de tranquilidad que les habían transmitido tras los rumores de los preparativos del proyecto nacionalizador. «El Gobierno argentino ha permanecido cerrado a cualquier tipo de diálogo con el español», denunció el responsable de Asuntos Exteriores.

Además de arbitraria, la decisión resulta «doblemente discriminatoria», explicó el ministro Soria, porque se anuncia una ley de nacionalización, pero solo se ve afectado uno de los operadores de hidrocarburos, y dentro del propio accionariado de YPF se adopta únicamente con relación a Repsol, cuyos miles de pequeños accionistas se ven directamente perjudicados.

García Margallo denunció, además, que la noticia de la expropiación es «extraordinariamente lesiva» para Argentina. Para el titular de Exteriores la medida sorprende al producirse entre países que mantienen relaciones muy antiguas y no dudó en evocar los momentos en que España acudió en socorro de Argentina cuando atravesaba «sus peores horas». En su larga experiencia diplomática, dijo, no se había encontrado con precedentes de una decisión «tan extravagante».

En Argentina han invertido muchas empresas españolas de los sectores financiero, de las telecomunicaciones y energético. Aunque el titular de Industria dijo esperar que «este clarísimo gesto de hostilidad no sea el principio de una escalada que contribuya a agravar una situación ya de por sí grave», también advirtió de que «cualquier temor es fundado».

Apoyo de la UE

«Estamos al lado de España en esta situación», dijo el portavoz comunitario Olivier Bailly durante una conferencia de prensa que tuvo lugar en Bruselas. La Comisión Europea espera que las autoridades argentinas «garanticen el respeto de sus compromisos internacionales sobre la protección de las inversiones extranjeras en su territorio», añadió. En una nota diplomática remitida a la presidenta de Argentina a través de su delegación en Buenos Aires, el Ejecutivo comunitario expresó su malestar. La posición de Bruselas es importante porque la Organización Mundial del Comercio (OMC) solo podría pronunciarse sobre la expropiación si la UE plantease una demanda. También el Jefe del Gobierno español recabará apoyos de otros dirigentes latinoamericanos en el viaje que acaba de emprender. Confía en encontrarlo, sin duda, en el Ejecutivo mexicano, que mantiene abierto un contencioso con el Gabinete Kirchner por las medidas proteccionistas que aplica a la venta de automóviles en Argentina.