Una jurisprudencia que puede tumbar una operación policial estrella

La 'operación Toscana' supuso un gran revuelo mediático. La Guardia Civil apresaba al extorero Juan Pedro Galán y a su familia, entre ellos, el conocido empresario de El Puerto Juan Galán, padre del que fuera matador de toros. Al frente de seis clubes de alterne, abiertos bajo la licencia de hotel ante el vacío legal que existe en este país a la hora de regular la actividad de estos negocios, habían creado un importante imperio empresarial, como demuestra el medio millón de euros en metálico que los agentes hallaron escondidos debajo del jacuzzi de la residencia del patriarca del clan. La mayoría ingresó en prisión y hoy en día el asunto languidece en el juzgado, con todos los implicados en libertad y los prostíbulos a pleno rendimiento. La investigación de la Guardia Civil se cimentó en el testimonio de una antigua empleada que aseguró que las mujeres que ejercen para la familia Galán lo hacían controladas, sometidas a un determinado régimen impuesto por la dirección. Frente a esa declaración, se sumaron la de otras chicas y trabajadores de los locales, que llegaron a concentrarse en la puerta de uno de los establecimientos para pedir la reapertura de los clubes. Negaban cualquier tipo de coacción o violencia y defendían el ejercicio libre de la prostitución.

Atendiendo a la jurisprudencia que la Audiencia Provincial acaba de recordar en su última sentencia sobre delitos de prostitución, de no probarse que las mujeres que trabajan en los clubes de los Galán lo hacían sometidas, el caso parece abocado al archivo. ¿Pero hasta donde llega el consentimiento libre de las prostitutas? Uno de los investigadores que trabajó en la 'operación Toscana' ponía el énfasis en la situación de necesidad de las mujeres que ejercen en esos clubes. Muchas de ellas inmigrantes y sin recursos caen en el negocio del sexo porque no hay más salida. La voluntad pasa a un segundo plano y la posibilidad de elegir, desaparece.