Editorial

El PP moviliza las autonomías

El objetivo debe ser hacerlas sostenibles sin desvirtuar sus funciones y competencias

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Los barones del PP con mando en plaza y los demás líderes regionales se reunieron ayer con Rajoy para concertar el ajuste que corresponderá efectuar a las comunidades autónomas para materializar el recorte presupuestario del 27.300 millones de euros que permitirá concluir el ejercicio con un déficit público del 5,3% del PIB. Una de las quejas de Bruselas sobre el proceso de convergencia español ha sido precisamente el descontrol de las autonomías; de ahí que el Gobierno haya querido escenificar la dócil aceptación del consenso en esta materia por parte de las autonomías gobernadas por los populares, que son doce, además de Ceuta y Melilla. Los reunidos han firmado a tal fin un comunicado en el que anuncian la reforma de las administraciones públicas y de los servicios que prestan, la eliminación de las duplicidades existentes y, a través de un proceso de racionalización, la eliminación progresiva de las competencias impropiamente atribuidas para justarse a las normas de financiación autonómica y local. La tarea pendiente es, pues, doble: de un lado, ha de racionalizarse irreversiblemente el presupuesto estructural de las comunidades, incrementando la eficiencia, eliminando lo superfluo y abandonando aquellos cometidos que corresponden a otro nivel administrativo; de otro lado, ha de reducirse el gasto hasta los límites comprometidos, tratando de minimizar el perjuicio social que ello provoque inevitablemente. En definitiva, no se trata de desvirtuar las comunidades autónomas, que son entes muy arraigados en la ciudadanía, ni mucho menos de desproveerlas de algunas de las competencias que tienen estatutariamente asignadas, sino de hacerlas sostenibles y conciliables con una política económica de emergencia dirigida como es lógico por el Gobierno de la nación. Es evidente que, con esta convocatoria autonómica, el Gobierno ha recorrido la mitad del camino. La otra mitad requiere la búsqueda del acuerdo con Andalucía, Cataluña, Euskadi y Navarra, que, con independencia de las singularidades de los territorios forales, han de sumarse igualmente a la empresa común.