Ofensiva contra el dinero negro

El presidente del Gobierno desveló ayer una de las incógnitas que rodeaban al plan de lucha contra el fraude fiscal que aprobará mañana el Consejo de Ministros: la fijación de un límite máximo de 2.500 euros para los pagos en efectivo en las transacciones comerciales en las que intervenga, al menos, un profesional o una empresa. Por encima de ese nivel los dispendios deberán realizarse con medios que dejen rastro, como tarjetas de crédito o transacciones bancarias. Los incumplidores se arriesgarán a multas del 25% del abono realizado.

La intención del Gobierno de limitar el uso de efectivo para evitar las transacciones con dinero negro fue anunciada por la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, el pasado 5 de enero, cuando explicó el Plan General de Control Tributario con que el Gobierno quiere intensificar la lucha contra la evasión. Pero faltaba por cuantificar la cantidad límite para realizar los pagos con dinero contante y sonante.

Mariano Rajoy dio a conocer este y otros detalles en la sesión de control al Ejecutivo del Congreso. El líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, también propuso en su programa electoral limitar a 3.000 euros los pagos en billetes y monedas.

Los abonos descontrolados en efectivo son el nuevo foco de atención para Hacienda, que ve en esas operaciones una vía para evadir impuestos como el IVA y Sociedades y para encubrir el uso de dinero negro, sobre todo con billetes de 500 y 200 euros. Los límites a su utilización suponen una imitación de lo que han hecho otros países europeos castigados por la crisis como Francia e Italia, que han fijado umbrales de 3.000 y 1.000 euros, respectivamente, para las cantidades a abonar en metálico.

Amnistía fiscal

Rajoy especificó el límite de 3.000 euros para España en respuesta a una pregunta del coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, quien interrogó al jefe del Ejecutivo sobre si la polémica amnistía fiscal aprobada el pasado 30 de marzo -el mismo día en que el Consejo de Ministros dio su visto bueno a los presupuestos para 2012- la «mejor manera para combatir el fraude». Rajoy subrayó que la medida es «excepcional» y tiene sentido «en la situación actual».

El Plan General de Control Tributario que mañana recibirá el visto bueno del gabinete de Rajoy tiene como meta «elevar» la recaudación del Estado mediante la lucha contra la evasión fiscal hasta 8.171 millones en 2012. Un objetivo cuestionable, pues de no superarse con creces esa previsión supondría un retroceso importante respecto de los 9.209,77 millones de euros obtenidos en 2011, cuando los resultados del Plan de Prevención del Fraude Fiscal desbordaron en más de 1.000 millones las estimaciones.

En 2010 la Agencia Tributaria consiguió recaudar mediante la lucha contra el fraude 10.043 millones (un incremento del 23,7% interanual). Ahora, cuando las arcas públicas están más necesitadas que nunca de fondos para enjugar el déficit, ingresar 'sólo' 8.171 millones equivaldría a retrotraerse a niveles de 2009, cuando se obtuvieron 8.119 millones. La Comisión Europea puso en duda a comienzos de año la efectividad de esas medidas como mecanismo para sanear las cuentas, ya que se trata de ingresos que no están garantizados.

El plan que aprobará el Consejo de Ministros supone, en general, profundizar en el modelo diseñado por los equipos de sus antecesores, Elena Salgado y Pedro Solbes.

La gran novedad es la iniciativa de limitar el uso de efectivo, a imitación de los modelos francés e italiano. La normativa del país vecino establece en 3.000 euros el límite para pagos en efectivo entre profesionales y de 1.500 euros para el abono de salarios. En Italia, el Gobierno del tecnócrata Mario Monti, dentro de su duro paquete de ajustes, restringió a 1.000 euros las entregas en dinero contante y sonante. Los técnicos del Ministerio de Hacienda creen que el millar de euros sería también el importe óptimo para España.

En Hacienda fían una parte considerable de sus expectativas de ingresos a la lucha contra el fraude debido a su importante volumen de recaudación, que casi equivale al 1% del PIB. De ahí que Mariano Rajoy también haya otorgado prioridad a este mecanismo para lograr fondos adicionales en su afán por recortar el déficit desde el 8,51% hasta el 5,3% este año.