Golpe a los islamistas egipcios con la suspensión de la Asamblea Constituyente

Un tribunal egipcio puso ayer el primer freno legal al avance imparable de las fuerzas islamistas al suspender la creación de la Asamblea Constituyente, encargada de dibujar las líneas maestras del futuro de Egipto. El órgano, que hasta ahora estaba dominado por islamistas, se encontraba en un punto muerto después de que más de una cuarta parte de sus miembros lo abandonara al considerar que no representaba la diversidad de la sociedad egipcia.

La decisión judicial supone un nuevo mazazo para los Hermanos Musulmanes, cuyo partido, Libertad y Justicia (PLJ), domina ambas cámaras del Parlamento. «El PLJ se ha encontrado en una posición muy incómoda, enfrentado a los laicos y liberales por la Asamblea Constituyente y a la junta militar por las elecciones presidenciales», reconocía ayer el politólogo Mustafá Kamel al Sayed, uno de los miembros que habían dimitido de este órgano.

El grupo islamista mantiene una agria disputa con el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas por la formación del nuevo Gobierno. La cofradía quiere sustituir ya al Ejecutivo interino liderado por Kamal Ganzuri por uno que emane del Parlamento. Ante la negativa de la junta militar, la Hermandad presentó un candidato propio a las presidenciales, Jairat el-Shater, que fue seguido por la irrupción en la carrera presidencial de Omar Suleiman, el número dos de Mubarak y, para muchos, el candidato de los militares.

El otro frente abierto de los Hermanos Musulmanes lo tienen con las fuerzas liberales. La sentencia de ayer responde a la denuncia presentada por varios abogados y juristas egipcios, que consideraban que los diputados islamistas habían abusado de su poder al configurar un órgano, encargado de escribir la futura Constitución, en el que tres cuartas partes eran islamistas o simpatizaban con esta tendencia, mientras que solo había, por ejemplo, 6 mujeres y 6 cristianos coptos.

Tras la revolución y la aprobación en marzo del año pasado de varias enmiendas constitucionales, el Parlamento tiene las competencias para designar los miembros de la Asamblea, según el artículo 60. Un artículo lo suficientemente ambiguo como para que el PLJ interpretara que si el hemiciclo tenía potestad para elegir la composición de la Asamblea, también la tenía para decidir que la mitad de sus miembros serían diputados -siguiendo la proporción de fuerzas de la Cámara-, y los otros 50 serían miembros de la sociedad civil.

Para el analista Al Sayed, las posibilidades de que la formación de la nueva Asamblea Constituyente se retrase hasta después de las elecciones presidenciales, que tendrán lugar el 23 y 24 de mayo, dependerá de la posición del PLJ, «de si creen que se ha herido su orgullo y están dispuestos a pelear hasta el final o si, por el contrario, deciden alcanzar un acuerdo más razonable con el resto de fuerzas políticas».

Como la sentencia retrasa la elaboración de la nueva Carta Magna, las elecciones presidenciales se celebrarán sin saber qué competencias exactas tendrá el nuevo jefe del Estado. Quizás el único punto en el que casi todo el Parlamento estaba de acuerdo hasta ahora es que la nueva Constitución deberá dar más poderes al Gobierno en detrimento de la Presidencia, con el modelo francés como referencia.