El juez acelera la investigación sobre la supuesta financiación ilegal del PP

La Justicia valenciana pisa el acelerador en la causa más delicada para el PP dentro del 'caso Gürtel'. El magistrado José Ceres, que instruye en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) la investigación sobre la supuesta financiación irregular del partido a través de la trama corrupta, ha imputado a quien fuera administrador general del PP en las elecciones generales celebradas en 2008, Cristóbal Páez, y a quien Mariano Rajoy situó como tesorero interino del partido cuando su antecesor en el cargo, el exsenador Luis Bárcenas, fue imputado en este mismo sumario.

Según informó ayer el Superior Valenciano, Páez, quien también fue gerente nacional de la formación 'popular', está acusado formalmente de un «delito electoral» y será interrogado el próximo 30 de mayo. Ceres en esta misma causa sobre el supuesto desvío de dinero de empresarios al partido ha imputado a otras tres personas, entre ellas al presidente del grupo societario Cyes, Felipe Almenar y una trabajadora de 'Orange Market', la filial valenciana del jefe de la trama, Francisco Correa.

Con estos nuevos nombres el número de imputados en esta pieza (que engloba tres investigaciones: supuesta financiación irregular, los posibles delitos electorales y las contrataciones irregulares de los stands de Fitur) se eleva ya a la treintena, entre ellos: el propio Bárcenas, el exvicepresidente Vicente Rambla; el exsecretario general del PP en la comunidad Ricardo Costa; o la entonces tesorera del PPCV Yolanda García.

Todos ellos fueron ayer llamados a declarar como imputados entre el 9 y el 30 de mayo. Ese mismo mes también, y en idéntica condición, serán interrogados los principales cabecillas de 'Gürtel': Correa; su lugarteniente y exsecretario de Organización del PP en Galicia, Pablo Crespo; y el hombre de la trama en Valencia y gerente de Orange Market, Álvaro Pérez, 'El Bigotes'.

La investigación que ahora toma nuevos bríos fue reabierta por Ceres en mayo de 2011 después de que la Sala de lo Civil y Penal del TSJ de Valencia aceptara la inhibición parcial de las actuaciones acordadas por el entonces juez instructor del tronco central del 'caso Gürtel', Antonio Pedreira, quien fue quien detectó un presunto delito de falsedad mercantil en las elecciones generales de 2008 y otro presunto delito electoral en las elecciones locales y autonómicas de 2007.

Los informes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) aseguran que la empresa de Correa en Valencia (Orange Market) emitía facturas A con IVA que la formación pagaba religiosamente y unas B que el PP no abonaba y que la trama corrupta «ofertaba» a empresarios de la comunidad, que de este modo indirecto allegaban dinero al partido con el objetivo de obtener contratos.

De acuerdo siempre a la Fiscalía y la UDEF, al menos cinco empresas saldaban las deudas del PP con Orange Market, principal marca de la trama, gracias a facturas de servicios que no se prestaban y por pagos directos en dinero negro del partido a la empresa de 'El Bigotes' y Correa.

2007 y 2008

Los ejercicios bajo sospecha y por lo que tendrán que responder los imputados ante el magistrado Ceres son 2007 y 2008. En el primero de esos años, según los datos de la Policía, de Hacienda y de la Intervención General el PPCV habría recibido en dinero negro no menos de 345.200 euros de cinco empresas afines. No obstante, la Fiscalía cree que esa cifra solo sería la punta de iceberg porque «no se han encontrado las facturas físicas» de otros pagos que el PPCV tenía que haber realizado y que ascienden a más de 2,5 millones de euros.

La investigación de 2008, la más peliaguda para Génova, se refiere a los comicios generales de 2008. Para aquellas elecciones Orange Market prestó servicios al PPCV por valor de más de 1,7 millones de euros. Sin embargo, la empresa solo facturó trabajos por valor de algo más de 600.000. El desfase contable es por tanto en ese año cercano 1,1 millones de euros. Según las investigaciones, de ese dinero el PP pagó con «fondos opacos» al menos 405.000 euros. El resto, como en las elecciones del año anterior, habría sido abonado por cinco empresas que saldaban las deudas de la formación con 'El Bigotes'. Los últimos informes policiales afirman que Facsa allegó al PP 231.00 euros, Ortiz un cifra cercana a los 100.000, Piaf unos 3.800, Lubasa unos 50.000, y Sedesa no menos de 130.000 euros.