Bruselas pide cautela sobre la amnistía fiscal

La Comisión Europea pidió cautela ante los resultados que pueda deparar la amnistía fiscal aprobada por el Gobierno en el marco de los Presupuestos, una decisión que las diputaciones vascas no secundarán, y que Navarra también pone en cuestión. El Ejecutivo comunitario, en un principio de precaución que aplica a todas las medidas para combatir el fraude tributario, recordó que «no es fácil» cuantificar el impacto de un plan de este tipo porque no se trata de un cálculo automático. En última instancia, «cada individuo» interesado tiene que sopesar si regulariza su dinero, una decisión que escapa al control de cualquier país. Pese a su escepticismo con el perdón de Hacienda, Bruselas retrasó su examen de las cuentas hasta la próxima semana por la «voluminosa» información remitida desde Madrid.

La Comisión se refirió ayer con algo más de detalle a algunas de las medidas más llamativas. Sin querer juzgar de antemano su utilidad real, el Ejecutivo comunitario apuntó que varios países han recurrido a la amnistía fiscal en sus intentos por reducir el déficit. Estas experiencias sugieren que puede ser una fuente de «ingresos», pero resulta complicado «cuantificar» el dinero que llegará a las arcas públicas. Las dificultades con los cálculos tienen su importancia porque España necesita reducir su desfase presupuestario al 5,3%. Si Bruselas cree en algún momento que este objetivo peligra, podría reclamar ajustes extra.

El Ejecutivo liderado por José Manuel Durao Barroso eludió adelantar acontecimientos y recordó que el perdón tributario no es la «pieza maestra» de los Presupuestos. El Gobierno de Mariano de Rajoy confía en que la regularización fiscal haga aflorar 25.000 millones gracias a un ventajoso gravamen excepcional del 10%. Si las previsiones se cumplen, las arcas públicas recibirían una inyección de 2.500 millones.

El plan español sigue la estela de las medidas adoptadas por el primer ministro italiano, Mario Monti. El mandatario transalpino, además, ha convertido la lucha contra el fraude en una de sus prioridades. Gracias a estos esfuerzos, el Ejecutivo destapó en 2011 una bolsa de 58.000 millones en operaciones sin declarar.