Pactos de gobierno

Los ciudadanos con sus votos no han dado la mayoría absoluta a ningún partido, lo que significa que es imprescindible alcanzar pactos políticos para la gobernanza de Andalucía. Es muy posible que alguno simule ignorar esta realidad y reclame el derecho de la alternativa más votada a formar gobierno, lo que no se discute, como no debe ponerse en cuestión el del resto de fuerzas políticas de crear mayorías parlamentarias para conformar el nuevo ejecutivo.

Nuestro marco jurídico establece un mecanismo de asignación de escaños, que podemos calificar como de proporcionalidad corregida. No garantiza la mayoría absoluta a la candidatura mayoritaria, aunque la premia a través de la Ley D´Hondt, por lo que hace imprescindible los pactos, salvo que las fuerzas políticas apuesten porque gobierne la lista más votada, como en Extremadura, lo que implica la inestabilidad de un ejecutivo que carece del apoyo firme del parlamento y puede verse sometido a una moción de censura en cualquier momento.

El presidente de la Junta está facultado para disolver el Parlamento y convocar elecciones, si considera que la falta de respaldo parlamentario le impide gobernar, como ocurrió en 1996 cuando Chaves decidió poner fin a la IV Legislatura andaluza, al ser rechazado el Presupuesto por segundo año consecutivo, en el marco de la estrategia de 'la pinza' llevada a cabo por PP e IU. El resultado fue el descalabro de la formación de izquierda y la firma de pactos de gobierno PSOE-PA.

En las circunstancias actuales, una vez que los resultados han determinado la necesidad del pacto y que los posibles firmantes se muestran dispuestos a ello, el debate se plantea sobre los términos del mismo; entre los que apuestan por un acuerdo de legislatura y los que apoyan uno de gobierno. No parece difícil alcanzar un acuerdo programático, público y transparente, que siempre debe ser la base de cualquier compromiso, por encima de los intereses partidistas inmediatos y de las estrategias de desgaste del adversario. Pensar en clave electoral el día siguiente de unos comicios puede parecer muy previsor, pero sólo refleja la impotencia de quienes renuncian a decidir en el presente.

El Presidente Griñán prioriza la estabilidad del gobierno, lo que implica compartir programa y ejecutivo con IU, que está inmersa en un difícil debate sobre ambas alternativas, que podrían tener a su vez algunas variantes; desde los que prefieren sólo comprometerse en la investidura y con algunos apoyos puntuales, a los que apuestan por entrar en el gobierno con todas sus consecuencias. Los antecedentes no favorecen el acuerdo, por el coste electoral que ha tenido para las fuerzas minoritarias, tanto el pacto PSOE-PA, como el de la pinza PP-IU, con la diferencia de que este último fue un acuerdo para el desgobierno.

Una vez más, como antes le ocurrió al Partido Comunista, IU se encuentra ante un problema derivado del crecimiento; el riesgo a morir de éxito por acción (gobernar) asumiendo la cuota de desgaste que ello comporta, o por omisión (renunciar cuando tiene posibilidad de hacerlo) alimentando la sangría del voto útil, que tanto esfuerzo ha dedicado a combatir. Es como el adolescente que se niega a crecer porque ello comportaría mayores cuotas de responsabilidad y esfuerzo.

Los ciudadanos les ofrecen, una vez más, la oportunidad, y una parte sustancial de sus votantes se sentiría defraudada, una vez más, si renuncian a ello, pero la teoría de las dos orillas y del 'sorpaso' es un señuelo que incita al todo o nada.

Conservar la 'virginidad' de la oposición es más cómodo, mantenerse en el ámbito del discurso y los programas máximos sin asumir la responsabilidad de la gestión y la fijación de prioridades, tiene su atractivo; pero no se puede vivir eternamente sobre la base de los errores del competidor.

Renunciar a ser un partido de gobierno no es gratis y asumir tal responsabilidad no siempre conduce a la marginalidad, así lo han demostrado grupos políticos europeos como los verdes alemanes o los liberales británicos. El mayor riesgo es la fractura interna, y la fórmula para eludirla es el debate democrático (en el que deben posicionarse los dirigentes) y el respeto a las decisiones de la mayoría.

Para el PSOE, habituado a gobernar con mayorías holgadas, no será fácil gestionar la nueva realidad política. Es difícil compartir responsabilidades de gobierno con un grupo con el que ha vivido muchos desencuentros históricos y con el que compite por el mismo espacio de izquierda. Pero hay muchos elementos comunes, especialmente en la defensa de lo público y de las conquistas sociales. En estos tiempos de crisis económica, es el momento de asumir la cruda realidad, aceptar el dictamen de las urnas y anteponer los intereses generales a los de partido.

Se pone aceite en los engranajes del acuerdo si se pactan también las diferencias, o al menos el ámbito y el tono para manifestarlas sin poner en cuestión continuamente los compromisos en positivo y hasta la estabilidad del gobierno, porque ello atenta contra el interés general de los andaluces, que han apostado por una salida a la crisis desde la izquierda y a través del acuerdo de las dos fuerzas políticas que la representan en nuestra comunidad.

El coro mediático que apoya los planteamientos de la derecha más rancia, trabaja desde el primer momento contra el acuerdo, con cantos de sirena a IU, en un nuevo intento de tutelaje sobre esta fuerza política, a la que quiere utilizar como rehén y ariete contra el PSOE. El escenario de crisis económica con su secuela de ajustes en el gasto público, puede disuadir de pactar a los puros, siempre partidarios de planificar el futuro mientras otros gobiernan el presente. Otros piensan que articular un discurso y un modelo de salida desde la izquierda es lo suficientemente atractivo para asumir el reto que plantean los ciudadanos con sus votos.

Puede haber un punto de encuentro en torno a objetivos comunes que van desde la historia compartida de lucha en favor de la igualdad, la libertad y la solidaridad, a la defensa de lo público, del estado de bienestar y de la política como una actividad digna e imprescindible en democracia.