Faltan estímulos

El gobierno Rajoy ha elaborado un proyecto de presupuestos para 2012 que elude el debate sobre la eventualidad de afrontar también una política de estímulo al crecimiento que el propio Presidente sugería en la carta suscrita junto a otros once jefes de gobierno europeos el pasado 20 de febrero. La herencia del 8,5% de déficit aparece, junto a la necesidad de hacer frente a las obligaciones financieras con el 18% del gasto previsto, como una losa que impediría al Gobierno otro diseño de las cuentas para el presente ejercicio. El hecho de que los recortes sean ineludibles no debería soslayar ni la discusión sobre su distribución ni la asunción de sus consecuencias sobre la sociedad y la economía. El pronóstico del Gobierno de que el desempleo se incrementará en más de 600.000 personas para finales de año así lo atestigua, a pesar de que el paro registrado en marzo y, especialmente, las altas en la Seguridad Social no ofrezcan un panorama tan desolador como el de los dos meses anteriores. La reacción de la Bolsa ayer podría ser una primera muestra de inquietud que la subida del recibo energético no ha podido paliar. La reducción en la magnitud total de la inversión y el drástico retraimiento de la aportación pública en el capítulo de I+D concurrirá con los efectos de la recesión lastrando a la economía en su conjunto. El hecho de que las pensiones y las prestaciones por desempleo se lleven la mayor parte de la disponibilidad presupuestaria tampoco disipa la dimensión social del ajuste en materias tan sensibles como la dependencia. El ejercicio de austeridad aplicado por el Gobierno debería propiciar la corrección de la inercia presupuestaria en la que ha venido descansando la Administración General del Estado. Pero el efecto socialmente más palpable es que los recortes para 2012 realzarán la diferente situación financiera por la que atraviesan las instituciones autonómicas y los ayuntamientos. El ajuste presupuestario dejará a la intemperie la cobertura de servicios sociales en aquellas comunidades y municipios para los que las aportaciones del gobierno central han sido hasta ahora vitales.