Interior quiere retirar en seis meses más de la mitad de los escoltas

Cinco meses después de que ETA decretara su alto el fuego definitivo, el Ministerio del Interior ha dado las primeras órdenes escritas para comenzar a disminuir los efectivos dedicados a la protección de amenazados por los terroristas. El 23 de marzo, el secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa Rubio, remitió a los más altos responsables policiales de España la instrucción 3/2012, en la que, por primera vez, se habla ya abiertamente de crear un «nuevo marco regulador» para «la prestación de servicios de protección», habida cuenta de que «durante los últimos años la progresiva disminución de la capacidad operativa de la banda terrorista ETA ha llevado a la disminución de la amenaza que se cierne se gran parte de personas».

En la instrucción Ulloa no adelanta cifras en los recortes, aunque responsables de Interior ya apuntan que los estudios previos harían viable la reducción de «mucho más de la mitad» del número de agentes de la Policía y la Guardia Civil que en la actualidad se dedican a los servicios de protección. Según los datos del departamento que dirige Jorge Fernández, a principios de año había algo menos de 3.000 funcionarios dedicados a la escolta, unos 2.200 destinados en el País Vasco y Navarra.

Interior ha comenzado a rebajar este número a partir de este mes de abril, pero el montante final de esa reducción lo decidirá en un plazo de seis meses la recién nacida Comisión de Coordinación de los Servicios de Protección. La creación de esa institución, de carácter eminentemente técnico, es la gran novedad que incorpora la instrucción. Por primera vez, un órgano colegiado decidirá quiénes son las personas que seguirán con escolta. De esa comisión, dependiente de la Secretaría de Estado, formarán parte un comisario general, el jefe de Estado Mayor de la Guardia Civil y un alto responsable de Interior. Esta composición -explicaron responsables gubernamentales- hará más difíciles las habituales presiones de todo signo cuando la Secretaría de Estado comunicaba al interesado la reducción o supresión de su escolta.

Las premisas con las que deberá trabajar esa comisión son tajantes. Ulloa se muestra inflexible: «Optimizar la utilización de los recursos públicos, de forma que solo se proporcione este servicio a quien realmente lo requiera en atención a su circunstancias personales y a la amenaza real que soporta». «Hay que minimizar el catálogo de autoridades que deben contar con servicio de protección», insiste el número dos del Ministerio del Interior.

Quince años

La Secretaría de Estado de Seguridad, que con esta circular de apenas siete páginas modifica las normas sobre escoltas que han permanecido intactas desde que hace 15 años Jaime Mayor Oreja ordenara ampliar la protección, no oculta que el comunicado de ETA del pasado 20 de octubre está detrás de este cambio. «Desde la llegada de la democracia a nuestro país, la protección de personalidades ha estado estrechamente vinculada a la existencia del terrorismo» por encima de cualquier otro tipo de criminalidad. Interior recuerda el esfuerzo «durante muchos años» para proteger a «numerosos altos cargos de la administración» y «miembros de colectivos amenazados» ante la posibilidad de que fueran objeto de la «comisión de un acto terrorista».

Pero la situación ha cambiado. Interior no habla en ningún momento del fin de ETA pero sí de la «progresiva disminución de su capacidad operativa» y de la «disminución de su amenaza». El Ministerio del Interior, que en ningún momento tampoco vincula estos recortes en escoltas a la crisis económica, es optimista. Cree que con este nuevo panorama será posible «recuperar para otros cometidos gran parte de los efectivos policiales dedicados a protecciones». Y ahí entra esa nueva comisión que como primera misión tendrá la de hacer un exhaustivo «catálogo de cargos públicos» a proteger y, sobre todo, un elenco para cribar las escoltas de las que se pueda prescindir por «criterios de temporalidad», sobre todo «retirar servicios» a cargos «una vez hayan cesado en sus funciones».

Este organismo, que se reunirá cada seis meses, tendrá que «revisar» el listado de personas protegidas, a fin de comprobar si todavía necesitan escolta, haciendo siempre una «evaluación individualizada». Esa misma comisión se encargará de «asignar servicios de protección en circunstancias especiales» por su situación puntual de «riesgo y urgencia». En solo 24 horas, Interior podrá aceptar brindar escolta a cualquier persona que lo necesite, aunque se le haya retirado previamente dentro de este plan de recortes.