Gasto social e inversión, los grandes sacrificados del ajuste presupuestario

«Primero el déficit, segundo el déficit y tercero el déficit». El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, quiso dejar muy claro al término de la presentación de los Presupuestos generales del Estado para 2012 el objetivo que se ha marcado el Gobierno de Mariano Rajoy. En el altar de la reducción del déficit se ha sacrificado el gasto social y la inversión y se ha abierto una compuerta para dar paso al arrepentimiento de los evasores fiscales. Todo para hacer frente a una «situación límite», en momentos que el ministro consideró «gravísimos» y con el propósito de que los socios europeos crean en España.

Tremenda contradicción. Los mercados también exigen el ajuste para el retorno de la confianza, pero los inversores penalizan la atonía económica y echan en falta los necesarios estímulos para que vuelva el crecimiento. Tras darse a conocer el detalle de las cuentas públicas, la Bolsa española se vino abajo y las tensiones se reprodujeron en el mercado secundario de deuda. Aunque las principales plazas europeas también cerraron en rojo, Madrid fue la que más cayó, y cedió el 2,7% en lo que ya supone su segundo mayor desplome del ejercicio. El Ibex-35 está en el mínimo anual, y pierde más del 8% en lo que va de 2012. La prima de riesgo de España sigue al alza y al cierre alcanzaba los 365 puntos básicos.

Para rebajar los números rojos hasta el 5,3% del Producto Interior Bruto el Estado tiene que aplicar la tijera en 27.000 millones de euros, cifra equivalente al 2,5% del Producto Interior Bruto. En plena recesión, el Gobierno ha optado por cosechar 0,8 puntos mediante nuevos impuestos, y los 1,7 puntos restantes por el camino de la reducción de gastos.

Del recorte total, 7.900 millones proceden de las políticas sociales, aunque la abultada cuantía de estas partidas -175.382 millones- hace que la rebaja, en comparación anual, se limite al 4,3%. Subir, solo suben las pensiones, a las que se van a destinar 11.825 millones, un 3,2% más.

Pese al muy negativo horizonte del mercado de trabajo, donde el Gobierno ha previsto un aumento de 630.000 desempleados, la asignación para este colectivo se reduce en 1.235 millones, lo que supone un descenso del 5,5%. Muchos de los nuevos parados, argumenta el Ejecutivo, no cumplen los requisitos para recibir la prestación.

El tajo es proporcionalmente mayor en las inversiones reales, que sufren una caída del 15,8%. La destinada a infraestructuras a realizar por la administración central y los entes públicos se queda en 11.368 millones, un 22% menos.

Presión fiscal

La crisis se deja notar duramente en el presupuesto de ingresos. El Impuesto de Sociedades será la estrella de la recaudación. Las cuentas de las empresas tampoco se han librado del impacto de la desaceleración económica. El Gobierno no modifica el tipo de gravamen, sino que ha optado por limitar o suprimir las deducciones de las que se veían beneficiando en sus declaraciones. También se reforma el sistema de pagos fraccionados con el propósito de incrementar los ingresos. En total, de las ganancias de las compañías procederán 19.564 millones de euros, un 17,8% más que la liquidación del pasado año.

La tormenta de la deuda soberana sigue, pero la gestión del Tesoro ha permitido presupuestar para este año una cifra de 28.848 millones con destino al pago de los débitos. Es un 18% del total de los gastos del Estado -más que las prestaciones por desempleo, y supera la nómina de los empleados públicos- pero su aumento anual queda en un 5,3%, moderado si se tiene en cuenta que fuerte ofensiva desencadenada por los especuladores no ha cedido. El gran salto se dio el pasado año, cuando el coste de la deuda pública se disparó nada menos que un 18,2%.

El ajuste no se acaba en el Estado, que debe realizar un esfuerzo de 1,6 puntos para dejar el déficit en el 3,5% del PIB este año. Las comunidades han de recortar 1,4 puntos para lograr un saldo negativo de 11,5%, mientras las corporaciones locales deben aplicar una rebaja de una décima para quedar en unos números rojos del 0,3%.

¿Seguirán las autonomías la disciplina presupuestaria marcada por el Gobierno? En la presentación del proyecto de cuentas públicas para 2012, Montoro les recordó que la ley de estabilidad dispone de un «mecanismo de vigilancia, sanción e intervención» en el que «no caben posturas autóctonas». También dejó claro que el Presupuesto «no da para más», en un mensaje claramente dirigido a las reclamaciones de Cataluña. El proyecto no incluye los 219 millones de inversión que esta comunidad demanda en cumplimiento del Estatuto.