Editorial

Sin alternativa

Rajoy defiende su programa de reformas sin justificar la llamada 'amnistía fiscal'

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El presidente Rajoy se dirigió ayer a la ejecutiva del Partido Popular y a la opinión pública con una defensa cerrada de la política de reformas y ajustes que ha emprendido advirtiendo de que la misma no tiene alternativa por el riesgo de que si el déficit se descontrola España no hallará financiación. El peligro cierto de la intervención volvió a planear como la justificación más elocuente de una política basada en el restablecimiento del equilibrio presupuestario y de la confianza exterior para con nuestro país. Mariano Rajoy, que hizo referencias a las cuentas heredadas del anterior Gobierno, quiso dejar claro que las medidas adoptadas o en trámite son incuestionables. Entre estas, anunció planes de lucha contra el fraude a la Seguridad Social y a la cobertura del desempleo, aunque evitó pronunciarse sobre la diatriba surgida a cuenta de la ya denominada 'amnistía fiscal' para el dinero evadido siempre que pueda acreditarse su propiedad. La insistencia del Gobierno en que el sacrificio que suponen sus medidas trata de ser justo y equitativo se ha enfrentado a un debate moral sobre la pertinencia de que los beneficios de la economía sumergida, en gran parte vinculada a la burbuja inmobiliaria, deban contar con un estímulo en forma de rebaja tributaria inicial en el IRPF y en el Impuesto de Sociedades para que afloren a la economía legal. Se trata de un debate planteado en el terreno de los principios y también en el de la confrontación partidaria que podría aligerarse si de verdad la medida sirviera para conseguir que una parte importante de los 25.000 millones de euros evadidos pasaran a tributar, aunque de entrada lo hagan a bajo coste para sus titulares. Hay razones para contemplar con escepticismo la efectividad de tal medida. Pero, dado que es imposible predecir que la dejación de principios vaya a servir para incrementar el volumen de la economía regular, la iniciativa podría haber sorteado mejor los problemas que ha provocado si su vigencia temporal hubiese obligado a los evasores a regularizar la situación de sus cuentas con más inmediatez que a lo largo de los meses que restan para que acabe 2012.