Cándida Verdier, José María Román y Manuela Moreno en la Casa del Pueblo. :: L.V.
Ciudadanos

Marín pide al portavoz del PSOE que dimita por bloquear el Plan de Ajuste

Los socialistas creen que el abono de las nóminas y el pago a proveedores están garantizados sin la aprobación del documento

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Sin Plan de Ajuste en Chiclana, las previsiones sobre las consecuencias son de distinta índole según quien las pronuncie. Para los populares la palabra clave es «incertidumbre», mientras que para los socialistas «seguridad», es decir, garantía en el pago de proveedores y sueldos de funcionarios. Según explicó el coordinador del grupo socialista, José María Román, desde la Participación de Ingresos del Estado (PIE) se abona la deuda, «con o sin Plan de Ajuste», la principal diferencia es el modo de hacerlo. Sin embargo, el equipo de gobierno ha hablado de que con el plan de ajuste se establecía un techo de gastos y de ingresos que podrían facilitar la liquidez a la hora de realizar inversiones pero, sin él y a falta del documento definitivo de los Presupuestos Generales del Estado, es imposible saber cuánto se va a ingresar y cuánto a pagar. El alcalde de la ciudad, Ernesto Marín, aseguró que el documento no era un cheque en blanco, si no que «estableciendo unos límites, cualquier gobierno puede adaptar el presupuesto a su política». Por eso, tachó de «irresponsable» la actitud de aquellos que impidieron la aprobación del Plan de Ajuste.

Mientras que Marín ve más fácil invertir en la ciudad bajo los límites del Plan de Ajuste, a Román le parece todo lo contrario y habla de que sin techo de gastos hay más posibilidad de jugar con los presupuestos. Además, el portavoz socialista, también volvió a hacer hincapié en la situación ventajosa que tiene Chiclana con respecto a otros municipios cercanos ya que «mientras Cádiz prevé ahorrar 10 millones al año y San Fernando 7,3; nuestro Plan de Ajuste sólo contemplaba un ahorro del seiscientos mil euros anuales a lo que hay que sumarle la liquidación positiva de la PIE, que supone más de un millón y medio más». A este hecho, José María Román añadió que incluso «nadie sabía en que consistía la subida de la tasa de basura», que era la única medida de ingreso. Además el portavoz de la oposición socialista explicó que la propia Delegada de Hacienda, Ascensión Hita, comentó en una de sus reuniones que el problema del consistorio chiclanero era una falta de liquidez puntual que se resolvería con el superávit que se espera para 2013.

Los socialistas han señalado que una de las causas que motivaron el voto negativo al documento en el pleno del pasado viernes, además de ser entregado a las dos horas de comenzar la sesión y que carecía de planteamiento político ni de empleo, fue la «prepotencia y falta de diálogo de Marín». Algo que achacan al baile de cifras en cuanto a la deuda y a que no participara de ninguna de las reuniones que mantuvo la Delegada de Hacienda, Ascensión Hita con la oposición y que, a su vez, ya motivó que durante la sesión plenaria Román pidiese la dimisión del alcalde. De esa ausencia en los encuentros para debatir el tema, José María Román habló de que Hita y Nicolás Aragón lamentaron, en varias ocasiones, la «falta de capacidad del alcalde para negociar», y concluyó «espero no tener que contar lo ocurrido, pero hay muchos testigos de por medio». Ante esta situación, el propio Marín ha salido al paso volviendo a afirmar que la deuda de 156 millones de euros sí existe y que él, personalmente, llamó a Román para tratar el tema e intentar llegar a un acuerdo, siendo éste el que declinó la propuesta de sentarse juntos a debatir. Por eso, en esta ocasión, fue Marín quien propuso a Román su dimisión, alegando que ejerce una oposición irresponsable.

Ernesto Marín concluyó lamentando que la situación ha tornado «de tener claridad a tener oscuridad porque la PIE este año puede ser menor, no hay posibilidad de contar con los dos años de carencia y, además, sin saber lo que vamos a pagar». Por eso, el regidor chiclanero ha dado a conocer que ha comenzado las gestiones para intentar reconducir el asunto, algo que el propio Subdelegado del Gobierno, Javier de Torre, ya le ha explicado que tiene cierta dificultad porque el Decreto establece, claramente, los tiempos en que debían desarrollarse el procedimiento.