La sanidad pública y privada, aliadas

El sector privado es un aliado estratégico fundamental del sistema sanitario público y un pilar para garantizar su sostenibilidad para toda la población. La colaboración público-privada se traduce en que aproximadamente e 11 por ciento del gasto sanitario publico, unos 7.600 millones de euros al año, se realiza por medio de la provisión privada a través de tres mecanismos fundamentales: los conciertos, el mutualismo administrativo y las concesiones administrativas.

El sistema de conciertos es el que representa un mayor porcentaje del gasto, casi el 80% y es aquel por el cual el sistema sanitario público concierta con el sector sanitario privado la realización de pruebas diagnósticas, procesos médicos, prestaciones sanitarias o directamente la asistencia sanitaria de una parte de la población a través de conciertos denominados singulares.

El sistema de conciertos básicamente desahoga las listas de espera permitiendo dar una asistencia sanitaria allí donde la infraestructura del sistema público es insuficiente, garantizando con ello, el acceso al sistema sanitario a una población que si no estuviera la provisión privada, simplemente no tendría acceso al mismo. El sistema de conciertos, a diferencia de lo que ocurre en la mayoría de los países de nuestro entorno, no surge fruto del interés de nadie en particular transfiriendo negocio al sector privado, si no que se genera por la insuficiencia de recursos del sistema sanitario privado. Hay que valorar esta formula además como una fuente de creación de empleo y riqueza para toda la sociedad.

El mutualismo administrativo es un mecanismo de cobertura residual de la época en la que la sanidad se financiaba con las cuotas de la seguridad social, no con impuestos, en el que los beneficiarios pueden elegir voluntariamente año tras año de quién quieren recibir la atención sanitaria; a través del sistema sanitario público o a través de una entidad de seguro libre, más del 85% por ciento elige hacerlo a través de una entidad de seguro libre. Este sistema beneficia a la Administración Pública por el menor coste por asegurado y por suponer un coste fijo controlado al trasladar el coste a la aseguradora, al sistema sanitario público al suponerle una descarga tanto de gasto como de recursos, al beneficiario porque tiene libertad para elegir, y al sector sanitario privado porque supone unos ingresos mínimos garantizados para las aseguradoras y representa la base de los ingresos de multitud de hospitales y centros.

Las concesiones administrativas son un modelo por el cual la administración, por cuestiones de insuficiencia financiera, traslada al sector privado el riesgo de la inversión a cambio de la gestión de un área de población concreta paga da a través de una cápita por habitante, controlando desde la planificación hasta los resultados económicos.

Es un modelo de financiación pública, por tanto sanidad pública a todas luces que cuenta con un gasto definido y asegurado, suponiendo también un menor gasto para el erario público puesto que obtiene un coste de al menos un 25% inferior a la media de la cápita de la gestión pública.

En definitiva, las posibilidades que existen de hacer el sistema sanitario sostenible, en mi opinión pasan necesariamente por la realización de reformas que permitan: normalizar la actividad privada con la pública e integrar la provisión en torno al paciente, el cual debe de tener libertad para elegir.

Los expertos aconsejan mejorar el funcionamiento de las prestaciones frenar, el gasto en pruebas diagnósticas y utilizar el copago.

El Consejo Asesor resume de la siguiente manera la situación del sector sanitario en España:

Gasto todavía moderado, pero en alza.

Desacople entre necesidades de la población y oferta hospitalaria.

Faltan centros ambulatorios que presten a los enfermos crónicos los servicios intermedios entre la medicina primaria y los grandes hospitales.

Excesivo gasto en pruebas diagnósticas.

Absentismo laboral.

Mayor colaboración de los pacientes en seguimiento de tratamientos crónicos.

Para mejorar la productividad del sistema sugieren:

Uso inteligente del copago, debe protegerse a la población de rentas más bajas y a los enfermos crónicos; excluirse la medicina preventiva y las consultas primarias y por contrario gravar el uso de los servicios de urgencia; y limitarse a aquellas prestaciones sanitarias en las que el paciente tiene cierta capacidad de elección.

Revisión del catálogo de prestaciones cubiertas por la sanidad pública.

Gestión profesionalizada.

Redefinición del papel del Ministerio de Sanidad y mayor coordinación entre comunidades autónomas.