Protesta relevante

La amplia respuesta que ayer obtuvo la convocatoria de huelga general se dio en un clima de normalidad, roto únicamente por incidentes puntuales y por violentos grupos marginales en Barcelona. El desarrollo de la protesta pudo conciliar el derecho a la huelga con el resto de derechos ciudadanos, en gran medida porque fue expresión del desacuerdo social en un momento en el que buena parte de la ciudadanía ve inevitables los cambios en el mercado de trabajo o considera que el recurso a la huelga es inútil e incluso inconveniente. El llamamiento sindical representaba, antes que nada, un desafío para las propias centrales, obligadas a demostrar su representatividad y arraigo frente a una reforma laboral que trastocará su papel tradicional. CC OO y UGT mostraron ayer su satisfacción reivindicando la huelga como el medio con el que tratarán de «corregir en profundidad» la reforma laboral. Pero ni el Gobierno ni, sobre todo, la economía española están en condiciones de renunciar a la flexibilización del mercado de trabajo, y no solo porque ésta se encuentra ya comprometida en el marco europeo y ante instancias internacionales. Lo cual en ningún caso debiera suponer que el proyecto en trámite sea defendido como un texto inalterable. Los sindicatos saben que no pueden optar por una estrategia basada en una «enmienda a la totalidad», sino que tienen que apurar las posibilidades de diálogo que brinde el Ejecutivo. Por su parte el Gobierno es consciente de que atendiendo en lo posible a la inquietud suscitada entre los trabajadores y en la sociedad contribuirá a la mejora del clima de confianza que precisa la reactivación económica. Entre otras razones porque en lo inmediato la sociedad española se verá abocada al incremento del paro junto a nuevos ajustes en la disponibilidad presupuestaria de todas las administraciones, comenzando por los Presupuestos cuyo proyecto verá hoy el Consejo de Ministros, y nada sería más negativo que el incremento de la conflictividad social. De ahí que resulte también crucial que los sindicatos reorienten sus esfuerzos a acordar en el ámbito de cada empresa la aplicación menos lesiva de las posibilidades que ofrezca la normativa resultante.