El PSOE pone pegas ahora a encorsetar el gasto público

El pacto sorpresa suscrito por José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy para, por primera vez en muchos años, reformar la Constitución e imponer una cota de malla permanente al gasto público en España provocó el pasado agosto un serio malestar en un PSOE deprimido que, en cuestión de meses, debía presentarse a las elecciones generales más difíciles de su historia reciente. La disciplina que entonces llevó al partido a callar empuja ahora a los socialistas en otra dirección. Ayer se abstuvieron durante la votación para tramitar el proyecto de ley de estabilidad presupuestaria que se deriva de aquel gran acuerdo. Y, si el Gobierno no la flexibiliza, amenazan con un 'no' en el debate final.

La norma, que por distintos motivos cuenta con la oposición de salida de CiU, ERC, BNG e IU, obliga a todas las administraciones a fijar un techo de gasto antes de aprobar sus cuentas públicas y contempla sanciones, similares a las de la UE, para los incumplidores. Pero lo más controvertido es que sacraliza el objetivo del déficit cero, al que habría que llegar en 2020.

En verano, y haciendo grandes cesiones conceptuales, el PSOE aceptó que el fin último fuera no superar un déficit estructural del 0,4% y el pacto fiscal alcanzado en diciembre por el conjunto de la UE, a excepción del Reino Unido y la República Checa, elevó ese listón al 0,5% salvo que la deuda pública sea inferior al 60% del PIB, en cuyo caso estaría permitido llegar al 1%.

La exigencia 'extra' del proyecto gubernamental es ahora para el PSOE causa grave y suficiente como para, llegado el momento, romper el acuerdo. Al contrario que otros grupos, los socialistas renunciaron a presentar ayer una enmienda a la totalidad del texto aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 2 de marzo «por responsabilidad», en palabras del diputado Pedro Saura. Dicen que esperan convencer al Ejecutivo de que ha escogido un camino erróneo, pero si no lo consiguen le dejarán «solo».

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, defendió que la norma y el acuerdo de los principales partidos en torno a su contenido es necesario para lanzar a los socios europeos el mensaje que España es un país «fiable», o sea, para recuperar la credibilidad, dijo, y «salir cuanto antes de la crisis». «Es importante que traslademos que todos estamos a lo mismo, sin fisuras, sin dudas, sin recovecos y sin planteamientos alternativos», reclamó.

Prioridades equivocadas

Saura, que actuó como portavoz durante el debate, replicó que el proyecto introduce elementos ideológicos «neoliberales» que no van a contribuir a la recuperación económica y añadió que, a su juicio, al Gobierno equivoca las prioridades. La norma, dijo, se centra solo en las restricciones del gasto como si no fuera posible reducir el déficit y mantener al mismo tiempo los servicios con «ingresos estructurales». «El principal problema del país es el crecimiento económico y la generación de empleo -subrayó- y la senda que se describe en la ley hasta 2020 es enormemente rígida».

Montoro también pinchó en hueso con los nacionalistas de CiU, pero no porque no compartan el objetivo final de rigor presupuestario, incluido el límite de deuda pública del 60% para el conjunto del Estado y del 13% para las comunidades autónomas, sino porque, a su juicio, el horizonte temporal que se fija en el texto, 2020, será imposible de cumplir para muchas autonomías, incluida Cataluña. Por ese motivo, reclamó una mayor flexibilidad.

Además, hubo críticas desde todo el resto del arco parlamentario, aunque algunas formaciones secundaron la huelga y no pudieron defender su postura. Quizá el más ácido fue el diputado del PNV Pedro Azpiazu. Llegó a tildar de «absurda» la reforma constitucional y de «infausto» el pacto fiscal europeo.