El Supremo de EE UU torpedea la reforma sanitaria

¿Puede el Gobierno obligarte a comprar brócoli? ¿A ir al gimnasio? ¿A comprar teléfono móvil porque facilita los servicios de emergencia? ¿O un seguro funerario porque todos vamos a morir algún día? Esas son las escépticas preguntas que hicieron ayer los jueces conservadores del Tribunal Supremo al abogado del Estado que defiende la constitucionalidad de la reforma sanitaria, un debate sobre el cual el máximo órgano judicial se pronunciará en junio, en plena campaña a la Casa Blanca.

Los opositores de la reforma que ha definido la presidencia de Barack Obama, y al parecer los cinco jueces conservadores que suponen la mayoría del Supremo, creen que el Congreso ha abusado de su autoridad al aprobar una ley que a partir del 2014 obligará a los estadounidenses a adquirir una póliza privada de seguro médico o ser penalizados en su declaración fiscal.

«Esto ha sido un verdadero descarrilamiento para el Gobierno de Obama», sentenció Jeff Toobin, experto en temas legales de la CNN. «Todas las predicciones son que el Supremo tumbará esta ley». Toobin era uno de los 117 expertos y periodistas que tuvieron acceso a la sala de apenas 400 asientos, a repartir entre ministros, políticos y abogados, y sin acceso a las cámaras.

Regular o crear el comercio

Por su tradición de voto bisagra, los partidarios de la ley habían puesto todas sus esperanzas en que el juez Anthony Kennedy vote con la minoría progresista para legitimar la Ley de Atención Asequible, pero sus comentarios confirmaron el pesimismo de los testigos. «Es un caso muy distinto, no regula un comercio sino que obliga a comprar un producto, cambiaría fundamentalmente la relación entre el Gobierno y los ciudadanos», afirmó.

La única vaga esperanza que ve Toobin para salvar el gran legado de Obama y la ley de la que depende la cobertura de 50 millones de estadounidenses es que el juez John Roberts, nombrado por George W. Bush en 2005 como jefe del tribunal, se sume a la minoría progresista. Algo que los expertos consideran altamente improblable dada su trayectoria. «El Gobierno puede regular el comercio», aceptó ayer. «¿Pero puede crearlo?». Si el Gobierno puede obligar a la gente a comprar un producto sanitario, «cualquier cosa es posible», suspiró.

Para colmo, los analistas coinciden en que el abogado del Estado se aturulló ante las preguntas que le dispararon los jueces nada más empezar. Sus respuestas resultaron fragmentadas y poco convincentes. Donald Verrilli no tuvo su mejor día. Y no tendrá más. Hoy los jueces solo debatirán si la ley puede subsistir sin el mandato que obliga a adquirir una póliza privada. Sin esa contribución general, el Gobierno argumenta que la ley que obliga a las aseguradoras a aceptar a todos sin importar su condición de salud no sería económicamente viable.