La tarifa de la luz subirá en abril entre el 5% y el 7%

Pasaron las elecciones autonómicas en Andalucía y Asturias y el Gobierno se dispone a cobrar todas las facturas pendientes. La luz subirá entre un 5% y un 7% para los casi veinte millones de consumidores domésticos y pequeños comercios que aún se rigen por la tarifa y que no tienen derecho al bono social, según declaraciones del ministro de Industria, José Manuel Soria, a Antena 3. El titular del departamento se escuda en las sentencias del Tribunal Supremo. Hay una ley que obliga a subir la parte regulada de la tarifa en cuantía suficiente para que no aumente el déficit acumulado -24.000 millones, sin incluir los 5.000 millones adicionales que podrían sumarse en este ejercicio-, y esa norma se ha incumplido de forma reiterada, según los fallos del alto tribunal.

La ley impuso que el déficit de tarifa -diferencia entre los costes reconocidos y los ingresos- quedaran reducidos a 1.500 millones de euros este año, hasta desaparecer en el próximo ejercicio. Nada más lejos de la realidad, porque esas distancias han ido aumentando.

Además, el nuevo incremento aspira a compensar algunas congelaciones del pasado. Unas fueron consecuencia del pacto PP-PSOE, otras se adoptaron para no soliviantar a los consumidores domésticos en plena escalada de los precios de bienes y servicios. En el origen del problema, entre los años 2000-2002, el déficit de tarifa fue asumible. Vino después la escalada de las primas a las renovables y otros elementos se fueron incorporando a la tarifa, con lo que se hizo necesaria su refinanciación.

La titulización de los derechos de cobro de las eléctricas fue relativamente sencilla hasta que estalló la crisis de la deuda soberana. Un mercado mayorista cerrado a cal y canto ha impedido a las compañías seguir contando con ese recurso. En cuanto a la factura de los consumidores, todos pagamos, antes o después, el déficit heredado, tanto los domésticos que siguen en régimen de tarifa como las industrias que negocian el precio en el mercado, porque los llamados 'peajes' afectan al conjunto de clientes.

El vigente sistema de fijación de la tarifa doméstica regulada, también conocida como TUR, resulta, cuando menos, polémico. Junto a los 'peajes' o parte regulada, la otra pieza que la conforma -el precio de la electricidad en la subasta mayorista donde se abastecen las comercializadoras- bajó en torno al 7%, pero la resultante será un incremento del precio final que pagan los usuarios. El ministro Soria ha intentado curarse en salud. También las compañías eléctricas van a sufragar el desfase entre costes reconocidos e ingresos, dijo, e incluso añadió que habrá alguna aportación de los Presupuestos del Estado. Parece un brindis al sol: las cuentas públicas solo pueden permitirse alguna renuncia accesoria al cobro de tributos.

Los principales cambios se introducirán mediante real decreto. El Gobierno no puede actuar por otra vía, porque el Supremo le ha enfrentado a la paradoja del incumplimiento de sus propias decisiones. Por eso, el Consejo de Ministros del próximo viernes abordará, con rango de ley, la modificación de los peajes. Con esta denominación se conocen, en el sector, todos los costes regulados que se incorporan a la tarifa: primas a renovables, compensación para que otras tecnologías (carbón, centrales de gas) estén siempre disponibles, y las ayudas al sistema extrapeninsular, entre otras.

Retribución

Ni están las cuentas públicas para dispendios, ni las eléctricas dispuestas a aceptar este mensaje. Rechazan de plano que se recorte la retribución de la distribución. Y se declaran preparadas para llegar «a donde haga falta» tras argumentar que tienen el mismo derecho que la transportista Red Eléctrica. Esta compañía tiene una retribución fija, que no sufre rebaja, porque transporta la electricidad a través de las redes de alta tensión. Las eléctricas defienden que operan en similares condiciones, si bien sus ramales conducen la electricidad hasta el destinatario final mediante tendidos de baja tensión.

Ante el nuevo 'tarifazo', la reacción de las asociaciones de consumidores ha sido inmediata. Facua recuerda que en 2011 las tarifas subieron un 11,8%, lo que, sumado a los «desproporcionados» incrementos anteriores, hace que un consumidor con 4,4 kilovatios (kW) de potencia contratada y un consumo mensual de 366 kilovatios hora (kWh) pase a pagar al mes 73,99 euros, con alza de 60 euros al año, una vez incorporados los impuestos indirectos.

Los aumentos no son acordes con la evolución de la economía de las familias, cada vez más afectadas por la merma de sus ingresos, argumenta la asociación. Cierto que el bono social sigue existiendo -y supone la congelación de la tarifa para las unidades familiares con todos los miembros en paro, entre otros colectivos-, pero la crisis no solo afecta a los parados, sino al conjunto de hogares que están viendo reducidas sus rentas, no solo por el desempleo, un mes tras otro.