El perito Diego García vuelve a ser juzgado por un caso de obra nueva

La Audiencia Provincial de Cádiz volverá a sentar en su banquillo de los acusados, a mediados de abril, a Diego García García, uno de los nombres habituales en diversas investigaciones policiales por urbanismo ilegal en El Puerto y Chiclana.

Este perito industrial natural de Cádiz y de 42 años cuenta con diversas cuentas judiciales abiertas, entre ellas este juicio, por participar supuestamente en los llamados 'casos de obra nueva', como se ha venido a conocer a la artimaña a la que recurrían los promotores para hacer pasar por legales viviendas construidas en zonas no urbanizables: contrataban a peritos, aparejadores o arquitectos para que firmaran informes de nueva construcción o de obra nueva, en los que certificaban que las viviendas recién construidas o por terminar, tenían una antigüedad de más de cinco años (el periodo en el que la irregularidad urbanística prescribe y las casas pueden ser registradas).

En este caso, la Fiscalía acusa a Diego García García de firmar un certificado de nueva construcción para una vivienda situada en el Pago Melilla de Chiclana (en el camino de los Viñedos) que fue construida entre 2003 y 2004, escriturada y vendida como legal a una pareja de ingleses.

Además de Diego García García se sentará ante el tribunal de la Sección Cuarta el aparejador Francisco Carlos T. S. (que supuestamente firmó un certificado de obra nueva para otras dos viviendas) así como los promotores de las tres casas: Manuel H. G. (dueño de Construcciones Pilema S. L.), María de los Ángeles (dueña de la inmobiliaria Novo Chiclana S. L.) y Francisco José F. R. (cuñado de Ángeles) y José O. G. (constructor).

Este juicio iba a celebrarse en la Audiencia hace cuatro años, en 2008, pero se suspendió y fue devuelto al juzgado de instrucción por un error en la investigación, ya que no se tomó declaración a ninguno de los afectados: dos parejas de ciudadanos ingleses y un matrimonio español. La Fiscalía solicitará a la Audiencia que se derribe sus casas, pero que sean indemnizados.

El Ministerio Público acusa a Diego García García de un delito de falsificación de documentos oficiales por el que pide para él cuatro años y medio de cárcel, además de una multa de 6.750 euros. La misma pena y el mismo delito se le imputa al arquitecto técnico Francisco Carlos T. S.

Por su parte, a María de los Ángeles se le acusa de un delito contra la ordenación del territorio se les considera también autora de la falsedad en documento oficial. Por ambos se enfrenta a una pena de seis años de prisión, pedida por el Ministerio Público.

Once años para el promotor

También al constructor José O. G. se le imputa el delito urbanístico, pero no el de falsedad. De esta forma, solo se piden dos años para él. Una pena que podría suspenderse por no tener antecedentes.

A Manuel H. G. solo se le imputa la falsedad, pero no el delito contra el territorio, por lo que se piden cuatro años de cárcel para él. Por último, Francisco José F. R, está acusado por el certificado de obra nueva, pero sobre todo por la estafa. A él le corresponde la petición de pena más abultada: once años de cárcel, por ambos delitos.