La declaración de Joaquín del Valle reabre el caso de los Huertos de Ocio

Cuatro meses han transcurrido ya desde que la Audiencia Provincial de Jerez revocara el sobreseimiento del famoso caso de los Huertos de Ocio. Desde entonces, el procedimiento sobre el que se escribieron ríos de tinta parecía dormido; ahora, sin embargo, ha vuelto de bruces a la actualidad con la declaración del concejal de IU Joaquín del Valle y de la exconcejala del PSA, Antonia Asencio, que comparecerán mañana en el Juzgado de Instrucción número 2 en calidad de imputados como antiguos miembros del consejo de gestión de la extinta Gerencia Municipal de Urbanismo.

Así lo certifica el citado órgano en un auto al que este medio ha tenido acceso, en el que se recuerda que el proceso sigue su curso en lo referente al resto de imputados como Pedro Pacheco, Pilar Sánchez y casi una veintena más de políticos, empresarios y técnicos municipales entre los que se encuentran Francisco Lebrero, Bernardo Villar o Cornelio Vela. Como se recordará, la causa fue archivada en lo referente a María José García-Pelayo, que ejercía de alcaldesa cuando se produjeron los hechos y que según el TSJA desconocía las presuntas irregularidades que se cometieron en la expropiación de las parcelas.

La batalla legal se remonta a hace casi ocho años (mayo de 2004), cuando los parcelistas fueron desalojados en virtud de un acuerdo firmado unos meses antes entre el entonces delegado de Urbanismo, Pedro Pacheco, y el propietario de Xera Promociones. En este convenio se establecía que los terrenos pasaran a manos de la promotora, que levantó allí con posterioridad varias decenas de viviendas unifamiliares.

Los arrendatarios consideraron entonces que los responsables políticos podrían haber incurrido en un presunto delito de prevaricación, al adoptar una resolución irregular que escondía intereses urbanísticos y lo llevaron a los tribunales en 2005. A principios de 2009, los demandantes se llevaron su primera gran alegría tras la ratificación del TSJA de que la expropiación no se había ajustado a Derecho, después de que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo hubiera decretado la anulación de la misma.

Una circunstancia que les dio el impulso necesario para que continuaran su periplo judicial; sin embargo, en lo que a ellos respecta el proceso se encuentra totalmente paralizado ya que, más de tres años después de esa sentencia los afectados aún no han cobrado las indemnizaciones que les corresponden. Para reivindicar el pago llegaron incluso a protestar en reiteradas ocasiones ante la Delegación de Urbanismo y decidieron llevar el procedimiento solo a través de la vía penal, con el fin de que las cantidades fueran más cuantiosas.

En la actualidad, por tanto, continúan esperando a que el caso siga adelante y se agilice con las próximas declaraciones de Del Valle y Asencio. Mientras ello sucede, seguirán luchando por que se decrete no solo la nulidad del desalojo sino también de la permuta de las parcelas y se les abone lo que es suyo.