La Ley de Transparencia prohíbe los regalos caros a los altos cargos públicos

El Gobierno cumplió su compromiso y colgó ayer en la red su anteproyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno que aprobó en el último Consejo de Ministros. La idea del Ejecutivo es que el texto esté abierto durante 15 días a todos los ciudadanos para que hagan sus aportaciones, y después estudiará si las incorpora al proyecto definitivo que remitirá al Congreso antes del verano.

El anteproyecto, de 28 artículos y nueve disposiciones adicionales y finales, prevé que los altos cargos de la administración, esto es presidente, vicepresidente, ministros, secretarios de Estado y asimilados, no podrán aceptar «regalos que superen los usos habituales, sociales o de cortesía, ni favores o servicios en condiciones ventajosas que puedan condicionar el desarrollo de sus funciones».

Una prevención que de haber estado vigente antes hubiera impedido, por ejemplo, que los altos cargos del Gobierno de la Generalitat valenciana aceptaran los regalos de trajes y otras prendas de vestir de la trama 'Gürtel'. El texto señala, además, que si las dádivas superan los límites de la cortesía y los usos sociales «se procederá a su incorporación al patrimonio del Estado».

El anteproyecto también establece que los altos cargos desempeñarán sus funciones con dedicación plena «y se abstendrán de toda actividad privada que pueda suponer un conflicto de intereses con su puesto público». Tampoco podrán valerse de su posición en la administración para «obtener ventajas personales o materiales».

La norma considera asimismo infracciones «muy graves» la malversación de los fondos públicos, su administración irregular, los compromisos de gasto sin crédito suficiente, la ausencia de justificación en la inversión de fondos, y la no formulación de un plan financiero que acompañe a las iniciativas económicas.

También tiene el tratamiento de muy grave en el terreno disciplinario cualquier actuación que suponga «discriminación» racial, étnica, religiosa, o por discapacidad, edad, orientación sexual, lengua, opinión o cualquier otra circunstancia personal. Prevalerse de la condición de alto cargo para «obtener un beneficio indebido para sí o para otro» también es considerada una infracción muy grave.

Derecho de huelga

El anteproyecto se adentra en el terreno de las relaciones laborales y advierte que se considerará una infracción muy grave «la obstaculización al ejercicio de las libertades públicas y derechos sindicales», así como «la realización de actos encaminados a coartar el libre ejercicio del derecho de huelga» e impedir el cumplimiento de «los servicios esenciales», es decir, los servicios mínimos, durante una jornada de paro.

El apartado de sanciones es de lo más variado, y abarca desde «la destitución» de los cargos públicos, la no percepción de la pensión indemnizatoria por el despido hasta la inhabilitación para ocupar cargos en la administración entre cinco y diez años. Los castigos prevén que el dinero obtenido en actuaciones irregulares sea devuelto a Hacienda.

Las sanciones por las infracciones graves o muy graves en el caso de los altos cargos serán impuestas por el Consejo de Ministros, mientras que si tienen la consideración de leves serán acordadas por el Ministerio de Economía.

El texto también regula la forma en que la Administración debe informar a los ciudadanos que requieran datos, y precisa que además de la administración general del Estado, las autonómicas y las municipales, están obligados a ser transparentes el Congreso, el Senado, el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo de Estado, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas y el Consejo Económico y Social.

Los ciudadanos podrán solicitar, con la obligación de ser contestados en un mes prorrogable a otro más, los contratos adjudicados, el importe de la licitación, los convenios suscritos, las subvenciones y ayudas públicas concedidas o las retribuciones de los directivos, entre otros aspectos.