La Fiscalía evita la cárcel a Matas

Jaume Matas vuelve a librarse de pisar la prisión, al menos de momento. La Fiscalía, en una inesperada decisión, rechazó pedir el encarcelamiento preventivo del expresidente de Baleares porque entiende que no hay riesgo de fuga a pesar de la condena de seis años de cárcel por malversación, prevaricación, falsedad documental, fraude a la Administración y tráfico de influencias. Y todo ello sin contar su gris futuro judicial como imputado en otra veintena de procesos dentro del sumario 'Palma Arena'. El Ministerio Público tampoco reclamó el encarcelamiento del periodista Antonio Alemany, el otro imputado condenado a más de dos años de prisión, la pena mínima para ingresar en la cárcel si se carece de antecedentes penales.

La negativa de Anticorrupción a pedir al tribunal sentenciador, la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma, la ejecución de su sentencia en la práctica supone, cuanto menos, retrasar el ingreso en prisión del exjefe del Ejecutivo autonómico un año, hasta que el fallo sea firme. Ese es el tiempo que, como mínimo, tardará el Tribunal Supremo en resolver el recurso de casación contra la sentencia que presentará el abogado de Matas, Antonio Alberca.

La Audiencia no puede decretar el ingreso en prisión sin sentencia firme si no se lo solicitan las acusaciones. En esta 'pieza 2' del 'caso Palma Arena', además de Anticorrupción solo es acusación la Comunidad Autonómica de las Islas Baleares, que tampoco tiene ninguna intención de pedir que el expresidente y Alemany entren ya en prisión.

El Ministerio Público, que hace solo unos días daba por descontado que reclamaría el inmediato encarcelamiento si Matas era condenado a más de cinco año, en su escrito de ayer dio un giro radical. El fiscal Pedro Horrach, que durante la instrucción llegó a pedir el ingreso en prisión de Matas, alega ahora que, a pesar de la condena, no hay un evidente riesgo de fuga. Anticorrupción sostiene que la fianza de 2,5 millones de euros, la retirada del pasaporte y las comparecencias quincenales son garantías suficientes de que el expresidente no huirá en tanto en cuanto el Supremo decide cuál será su suerte.

Horrach reconoce sin ambages que, con la jurisprudencia del Constitucional en la mano, tenía argumentos para pedir tanto el encarcelamiento inmediato como la suspensión cautelar de la aplicación de la sentencia. Explica que la corte en diversas resoluciones ha justificado el ingreso en prisión antes de la que la sentencia sea firme porque tras un primer fallo condenatorio de un «tribunal colegiado» la presunción de inocencia queda «muy debilitada», máxime cuando es por delitos «graves», como es este caso.

«Una sentencia condenatoria puede constituir un dato suficiente que justifique razonable y suficientemente la concurrencia de un riesgo de sustracción a la acción de la justicia», llega a afirmar Anticorrupción. Es más, el fiscal admite que «nunca puede descartarse la posibilidad de que, de mantenerse la situación de libertad, un condenado opte por ponerse fuera del alcance de la Administración de Justicia». «Este riesgo -abunda- siempre existe, y nunca es ni descartable ni totalmente conjurable».

«Excepcional»

Y dicho esto, Horrach descarta reclamar que Matas y Alemany sean encarcelados porque, a pesar de la posibilidad de que huyan, la prisión provisional, aunque ya haya una primera sentencia, tiene un «carácter excepcional y restrictivo», y no debe aplicarse de manera «automática». Justifica su decisión por arraigo de ambos y, sobre todo, porque hasta ahora nunca han intentado huir y han acudido puntualmente a todas las citaciones. «Durante el tiempo que ha durado el procedimiento -explica el fiscal- no se ha manifestado voluntad de rebeldía frente al juzgado y tribunal», lo que, a su juicio, «es un factor a ponderar como indicio relevante de ausencia o minusvaloración del riesgo de fuga o de la voluntad elusiva».

Eso sí, la Fiscalía avisa que no pedirá el ingreso en prisión siempre que no haya modificaciones en las medidas cautelares y mientras éstas se mantengan en su «integridad». Si en algún momento se redujera o suprimiera la fianza o se rebajarán las limitaciones de movimientos del expresidente balear, Anticorrupción ya avisa de que se vería «obligada» a solicitar «medidas más graves» en clara alusión al encarcelamiento.