El chófer de los ERE sorprende a la jueza al inculparse de 22 delitos

Un «cooperador pleno» en la «labor continuada de saqueo de los fondos públicos». Así definió la Fiscalía Anticorrupción el papel jugado en el supuesto fraude de los ERE por Juan Francisco Trujillo, quien durante tres años fue chófer del exdirector general de Trabajo de la Junta de Andalucía y principal implicado en la trama, Francisco Javier Guerrero. El conductor fue trasladado a prisión en la madrugada del miércoles, tras prestar declaración y, de forma sorpresiva, inculparse en una decena de cargos que añadir a los once que ya le imputaba la jueza instructora, 22 en total. El fiscal fue insistente en la petición de encarcelamiento.

La segunda orden de prisión provisional del conocido como 'caso ERE', que en el año largo de instrucción acumula más de medio centenar de imputados, irrumpe de nuevo en la campaña electoral con los detalles más escabrosos del escándalo. Los 25.000 euros mensuales de fondos públicos que ambos imputados dilapidaron en drogas y juergas o los gruesos sobres de dinero que daba a Guerrero una de las aseguradoras que asumían los expedientes de regulación de empleo.

Declaración

Sin embargo, lo más llamativo de la declaración de Trujillo, a juicio de la instructora Mercedes Alaya, es que «de manera casi inconsciente y sin calibrar el alcance de sus respuestas, ha admitido la comisión de otro numeroso grupo de delitos». Inicialmente, fue imputado de once delitos continuados de prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y cohecho, obtención indebida de ayudas públicas y falsedad en documento oficial y mercantil. Pero tras su comparecencia del martes, la jueza halló «indicios» de otros cinco delitos de cohecho, cinco más de falsedad en documento mercantil y uno último de alzamiento de bienes.

Según consta en el auto, el conductor creó de acuerdo con Guerrero dos empresas sin actividad «con el único efecto de recibir subvenciones» que ni siquiera se solicitaron. Pero con el aval de estas ayudas (900.000 euros), adquirió un piso en Sevilla y una finca en Andújar, que costó 69.200 euros y luego revendió en noviembre de 2011 por 213.300 euros, lo que se considera un presunto delito de alzamiento de bienes.

Trujillo y su jefe concertaron además una tercera ayuda a otra empresa «que se iba constituir» y estaba participada por un socio del conductor. Como contraprestación a estos favores, el chófer entregó a Guerrero «dinero en metálico y le compró múltiples regalos de antigüedades, ropa y artículos de telefonía, invitándole habitualmente a copas y cocaína».

El conductor abundó en que cuando tuvieron necesidad de liquidez para comprar más droga, acordaron firmar una póliza de prejubilación falsa, para lo que se valieron del DNI de la madre de Trujillo, que falsificó la firma y percibió el dinero: 122.649 euros.

Durante la declaración, que realizó bastante nervioso y con un hilo de voz, el conductor explicó que falsificó además dos contratos laborales para poder recibir la prestación por desempleo por el tiempo trabajado en la Junta y según consta en el auto de prisión, reconoció haber recibido dinero a cambio de, al menos, tres facturas falsas por trabajos de asesoramiento que no se realizaron.

2,3 millones de fianza

«Ha ido dosificando el conocimiento que tenía de los hechos», indica la jueza en el auto para justificar la colaboración del implicado. No obstante, la confesión y los «sólidos indicios» en su contra le valieron el ingreso en prisión para evitar el riesgo de fuga, la destrucción de pruebas o la influencia de los pagadores. Se le impone una fianza de 2,3 millones como responsabilidad civil.

La petición partió de la Fiscalía Anticorrupción, mientras que la defensa de Trujillo criticó las medidas cautelares y el momento escogido para la declaración, y reclamó un proceso «justo» alejado «del tufillo político que se le pretende imponer».