LA REFORMA CONSTITUCIONAL, DE VUELTA AL ARMARIO

Los actos solemnes que mañana conmemorarán en Cádiz los 200 años de la aprobación de 'la Pepa', la primera Carta Magna de la historia de España, devolverán al primer plano de la actualidad la transcendencia de las constituciones como instrumento clave en la vertebración y modernización del país.

Todos recordarán a los liberales que en 1812 acabaron con el poder absoluto de los reyes y residenciaron la soberanía en el pueblo y, sin duda, centrarán el foco en la vigencia de la más influyente de todas las constituciones españolas, la de 1978, el gran pacto político de la transición que, según el parecer general, ha garantizado el período democrático más largo de la historia de España y fijó el marco de convivencia que ha permitido la integración en Europa y el gran desarrollo económico y social de los últimos 33 años.

Lo que también quedará claro ese día es que la Constitución de 1978, que ha superado sus más de tres décadas intacta salvo por dos modificaciones mínimas -la posibilidad de que los residentes comunitarios sean alcaldes y la obligación de la estabilidad presupuestaria para todas las administraciones públicas- lleva camino de cumplir muchos más años con la redacción original. El intento de José Luis Rodríguez Zapatero por suscitar un consenso político que permitiese realizar un 'lifting' limitado de la Carta Magna, operación que naufragó en la pasada legislatura, no va a tener continuidad. Por el momento, primer intento y último. La reforma constitucional ha desaparecido de la agenda política española y ha retornado al armario de los asuntos no urgentes 'sine die', según todas las fuentes políticas consultadas.

El Gobierno y el PP, quienes marcarán la pauta los próximos cuatro años con sus amplias mayorías absolutas en Congreso y Senado, lo tienen claro. «La reforma constitucional no está en los planes de la legislatura; no tenemos intención alguna de reabrir el debate», aseguró José Antonio Bermúdez de Castro, secretario general del grupo popular en el Congreso.

La decisión del partido mayoritario comenzó a intuirse cuando los populares sacaron su propuesta de reforma constitucional del programa electoral con el que triunfaron en los comicios de noviembre, pero empezó a resultar evidente cuando la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, no hizo referencia alguna al asunto al presentar su proyecto para la «regeneración democrática e institucional» en las Cortes.

La razón fundamental es que las únicas reformas que el Gobierno entiende «prioritarias» en el medio plazo son las que permitan sacar a España de la grave crisis económica que la atenaza. Y la segunda, es que, según el análisis del partido, «ni existe demanda social ni urgencia ni necesidad» que justifique tocar un texto válido, que suscitó un consenso político hoy en día irrepetible, y que dio lugar a una constitución que entiende «equilibrada e integradora» y con «una clara vocación de permanencia en el tiempo». Ni urge ni hay consenso para un texto alternativo que la mejore.

Oferta ampliada

La posición de los socialistas es distinta. Conceden que la reforma constitucional «no es urgente», pero en cambio consideran que es «necesario» adaptar el texto a la España del siglo XXI y que «no hay que dejarlo estar». Ramón Jáuregui, exministro y portavoz del PSOE en la Comisión Constitucional, aconseja que, «sin prisas y con prudencia», los dos grandes partidos, los dos únicos que por sí mismos cuentan con mayoría suficiente para aprobar cualquier cambio en la Carta Magna, deben comenzar a hablar ya sobre «qué queremos cambiar, cómo hacerlo y en qué momento» y tratar luego de ampliar el consenso hasta donde sea posible. Tiene claro que sería inútil sacar el debate del armario si el PP no abre al menos alguna rendija para la discusión, cosa que de momento se ve imposible. En eso coincide con Jáuregui otro experto del grupo socialista, Diego López Garrido, que recuerda que, «pese a todo, la Constitución sigue funcionando bien».

El PSOE sí tiene una propuesta base de reforma constitucional. La misma que en 2004 lanzó Zapatero y a la que, en 2006, no puso problemas el Consejo de Estado. Pretende establecer la igualdad de sexos en el acceso a la Corona, introducir en la norma los nombres de todas las comunidades autónomas -que no existían en el momento de su redacción, dejar constancia del compromiso español en el proceso de integración europeo, y hacer los cambios para que el Senado se transforme en una verdadera cámara de representación territorial, reflejo del estado autonómico. Jáuregui cree que incluso debería ser ampliada con otros elementos como la inclusión del derecho a la salud en el título primero, donde ya está el de la educación, la eliminación de la pena de muerte en tiempos de guerra, o con mejoras en el capítulo de derechos, ampliando entre ellos el ámbito de la no discriminación.

El PP en este momento no tiene siquiera propuesta. La que contrapuso la pasada legislatura a la oferta de Zapatero, basada en algunas sugerencias del Consejo de Estado para poner coto y racionalizar el desarrollo asimétrico y expansivo del estado autonómico, y que hizo inviable el consenso entre ambos, podría ser en el futuro «un punto de partida» si en algún momento «se ve la necesidad de abordar la reforma». Entre sus cambios estaba explicitar qué competencias del Estado nunca podrán ser delegadas y limitar el procedimiento para estas transferencias, endurecer las mayorías que permiten reformar los estatutos o derogar la disposición que deja la puerta abierta una integración entre Euskadi y Navarra.

Consenso irrepetible

Los dos partidos, pese a tomarse la temperatura sin éxito, mantienen intacto el acuerdo sobre la igualdad de sexos en el acceso a la Corona, pero creen que esa modificación «no es urgente» -pues ya hay un heredero legal- y saben que la reforma no puede abordarse sola porque el referéndum que la tiene que avalar podría convertirse en un plebiscito entre monarquía y república, y más en un momento en que la institución sufre un serio desgaste por el escándalo de Iñaki Urdangarin.

Otro asunto que da cierto vértigo a la hora de abrir la puerta a los cambios es que ya resulta evidente que el amplísimo consenso que se alcanzó el texto de 1978 es irrepetible. El apoyo directo de CiU y la abstención conciliadora del PNV del pasado serían imposibles en una reforma futura de calado, en la que ambos partidos nacionalistas moderados podrían sobre la mesa entre otras cosas el derecho de autodeterminación, descartado por las dos grandes formaciones. El otro heredero del consenso de la transición, IU, cada vez es más radical en la reclamación republicana, en la exigencia de la inclusión de nuevos derechos sociales exigibles o en la introducción del laicismo, lo que le coloca en las antípodas del PP.

En las mismas antípodas, pero en este caso del PSOE, estaría UPyD, que exige un cambio radical de la estructura territorial, con una devolución de competencias, como las de Educación, al Gobierno central y con el cierre del estado autonómico mediante la igualación a la baja de las competencias y capacidad legislativa de todas las comunidades. Es una propuesta recentralizadora y homogeneizadora, que busca liquidar el concepto constitucional de «nacionalidad»y la asimetría del modelo, y que incluso va más allá de lo que actualmente predica el PP.

Los actos solemnes que mañana conmemorarán en Cádiz los 200 años de la aprobación de 'la Pepa', la primera Carta Magna de la historia de España, devolverán al primer plano de la actualidad la transcendencia de las constituciones como instrumento clave en la vertebración y modernización del país.

Todos recordarán a los liberales que en 1812 acabaron con el poder absoluto de los reyes y residenciaron la soberanía en el pueblo y, sin duda, centrarán el foco en la vigencia de la más influyente de todas las constituciones españolas, la de 1978, el gran pacto político de la transición que, según el parecer general, ha garantizado el período democrático más largo de la historia de España y fijó el marco de convivencia que ha permitido la integración en Europa y el gran desarrollo económico y social de los últimos 33 años.

Lo que también quedará claro ese día es que la Constitución de 1978, que ha superado sus más de tres décadas intacta salvo por dos modificaciones mínimas -la posibilidad de que los residentes comunitarios sean alcaldes y la obligación de la estabilidad presupuestaria para todas las administraciones públicas- lleva camino de cumplir muchos más años con la redacción original. El intento de José Luis Rodríguez Zapatero por suscitar un consenso político que permitiese realizar un 'lifting' limitado de la Carta Magna, operación que naufragó en la pasada legislatura, no va a tener continuidad. Por el momento, primer intento y último. La reforma constitucional ha desaparecido de la agenda política española y ha retornado al armario de los asuntos no urgentes 'sine die', según todas las fuentes políticas consultadas.

El Gobierno y el PP, quienes marcarán la pauta los próximos cuatro años con sus amplias mayorías absolutas en Congreso y Senado, lo tienen claro. «La reforma constitucional no está en los planes de la legislatura; no tenemos intención alguna de reabrir el debate», aseguró José Antonio Bermúdez de Castro, secretario general del grupo popular en el Congreso.

La decisión del partido mayoritario comenzó a intuirse cuando los populares sacaron su propuesta de reforma constitucional del programa electoral con el que triunfaron en los comicios de noviembre, pero empezó a resultar evidente cuando la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, no hizo referencia alguna al asunto al presentar su proyecto para la «regeneración democrática e institucional» en las Cortes.

La razón fundamental es que las únicas reformas que el Gobierno entiende «prioritarias» en el medio plazo son las que permitan sacar a España de la grave crisis económica que la atenaza. Y la segunda, es que, según el análisis del partido, «ni existe demanda social ni urgencia ni necesidad» que justifique tocar un texto válido, que suscitó un consenso político hoy en día irrepetible, y que dio lugar a una constitución que entiende «equilibrada e integradora» y con «una clara vocación de permanencia en el tiempo». Ni urge ni hay consenso para un texto alternativo que la mejore.

Oferta ampliada

La posición de los socialistas es distinta. Conceden que la reforma constitucional «no es urgente», pero en cambio consideran que es «necesario» adaptar el texto a la España del siglo XXI y que «no hay que dejarlo estar». Ramón Jáuregui, exministro y portavoz del PSOE en la Comisión Constitucional, aconseja que, «sin prisas y con prudencia», los dos grandes partidos, los dos únicos que por sí mismos cuentan con mayoría suficiente para aprobar cualquier cambio en la Carta Magna, deben comenzar a hablar ya sobre «qué queremos cambiar, cómo hacerlo y en qué momento» y tratar luego de ampliar el consenso hasta donde sea posible. Tiene claro que sería inútil sacar el debate del armario si el PP no abre al menos alguna rendija para la discusión, cosa que de momento se ve imposible. En eso coincide con Jáuregui otro experto del grupo socialista, Diego López Garrido, que recuerda que, «pese a todo, la Constitución sigue funcionando bien».

El PSOE sí tiene una propuesta base de reforma constitucional. La misma que en 2004 lanzó Zapatero y a la que, en 2006, no puso problemas el Consejo de Estado. Pretende establecer la igualdad de sexos en el acceso a la Corona, introducir en la norma los nombres de todas las comunidades autónomas -que no existían en el momento de su redacción, dejar constancia del compromiso español en el proceso de integración europeo, y hacer los cambios para que el Senado se transforme en una verdadera cámara de representación territorial, reflejo del estado autonómico. Jáuregui cree que incluso debería ser ampliada con otros elementos como la inclusión del derecho a la salud en el título primero, donde ya está el de la educación, la eliminación de la pena de muerte en tiempos de guerra, o con mejoras en el capítulo de derechos, ampliando entre ellos el ámbito de la no discriminación.

El PP en este momento no tiene siquiera propuesta. La que contrapuso la pasada legislatura a la oferta de Zapatero, basada en algunas sugerencias del Consejo de Estado para poner coto y racionalizar el desarrollo asimétrico y expansivo del estado autonómico, y que hizo inviable el consenso entre ambos, podría ser en el futuro «un punto de partida» si en algún momento «se ve la necesidad de abordar la reforma». Entre sus cambios estaba explicitar qué competencias del Estado nunca podrán ser delegadas y limitar el procedimiento para estas transferencias, endurecer las mayorías que permiten reformar los estatutos o derogar la disposición que deja la puerta abierta una integración entre Euskadi y Navarra.

Consenso irrepetible

Los dos partidos, pese a tomarse la temperatura sin éxito, mantienen intacto el acuerdo sobre la igualdad de sexos en el acceso a la Corona, pero creen que esa modificación «no es urgente» -pues ya hay un heredero legal- y saben que la reforma no puede abordarse sola porque el referéndum que la tiene que avalar podría convertirse en un plebiscito entre monarquía y república, y más en un momento en que la institución sufre un serio desgaste por el escándalo de Iñaki Urdangarin.

Otro asunto que da cierto vértigo a la hora de abrir la puerta a los cambios es que ya resulta evidente que el amplísimo consenso que se alcanzó el texto de 1978 es irrepetible. El apoyo directo de CiU y la abstención conciliadora del PNV del pasado serían imposibles en una reforma futura de calado, en la que ambos partidos nacionalistas moderados podrían sobre la mesa entre otras cosas el derecho de autodeterminación, descartado por las dos grandes formaciones. El otro heredero del consenso de la transición, IU, cada vez es más radical en la reclamación republicana, en la exigencia de la inclusión de nuevos derechos sociales exigibles o en la introducción del laicismo, lo que le coloca en las antípodas del PP.

En las mismas antípodas, pero en este caso del PSOE, estaría UPyD, que exige un cambio radical de la estructura territorial, con una devolución de competencias, como las de Educación, al Gobierno central y con el cierre del estado autonómico mediante la igualación a la baja de las competencias y capacidad legislativa de todas las comunidades. Es una propuesta recentralizadora y homogeneizadora, que busca liquidar el concepto constitucional de «nacionalidad»y la asimetría del modelo, y que incluso va más allá de lo que actualmente predica el PP.