La Junta respalda la fianza millonaria impuesta por la jueza a Guerrero

La consejera de Presidencia de la Junta de Andalucía, Mar Moreno, aseguró ayer que el Gobierno andaluz apoya la fianza de 686 millones de euros impuesta al ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero por la jueza Mercedes Alaya, que investiga los ERE fraudulentos.

Moreno, que visitó ayer Torrox, explicó que la Junta respaldará «cada paso que dé el juzgado», ya que fue el Ejecutivo autonómico el que denunció este caso, y por tanto es «el primer interesado» en que se llegue hasta el final.

La juez que investiga los ERE fraudulentos impuso una fianza civil de 686 millones de euros a Guerrero, encarcelado desde el sábado pasado, para hacer frente al «ingente despilfarro» de dinero público presuntamente cometido.

La consejera recordó que el presidente andaluz, José Antonio Griñán, ordenó investigar este asunto «desde el minuto uno», por lo que expresó su conformidad con las acciones que vaya ejecutando la jueza. Asimismo, insistió en que esta forma de actuar del PSOE la diferencia del PP, que utiliza la corrupción para beneficiarse electoralmente, «pero la tapa» cuando se trata de situaciones que afectan a esa formación.

Ve «lógico» que la jueza rechazara expulsar a la Junta como acusación particular en el caso de los ERE como solicitó la defensa de Guerrero porque es la Junta quien lo ha denunciado y ha reiterado el compromiso del Gobierno andaluz de echar de la política al que se aprovechara de ella y recuperar hasta el último euro defraudado.

Encarcelado

Guerrero se encuentra en prisión sin fianza desde el pasado sábado, cuando se convirtió en el primero del medio centenar de imputados y varios altos cargos de la Junta que es encarcelado, y el viernes la juez le impuso una fianza civil de 686 millones de euros para hacer frente a las futuras responsabilidades por su «ingente despilfarro de dinero público».

En el auto de prisión, la juez Alaya citó entre el «largo elenco de personas a las que arbitrariamente favoreció el imputado» a su chófer, ya que las iniciativas empresariales para las que recibió el dinero «carecía de recursos materiales y personales para llevarlas a cabo».

También le imputó haber entregado una ayuda de 122.649 euros a la madre de su chófer y, a su vez, haber recibido del conductor entre 40.000 y 60.000 euros en metálico, múltiples regalos como antigüedades o un piano.

Según la declaración policial de Trujillo, entre los años 2006 y 2007, cuando trabajaba como conductor de Guerrero, éste le vio preocupado, por lo que «se interesó por su estado» y entonces le contó que su empresa Lógica Estratégica Empresarial estaba «acuciada por las deudas».