Urbanismo confirma ante la jueza que la operación de venta fue irregular

Pedro Pacheco se enfrenta a su causa judicial más grave, pese a que pretende transmitir tranquilidad y responsabiliza de ella a su eterna rival, Pilar Sánchez. Como ya informara este periódico ayer, ni lo uno ni lo otro. El exdelegado de Política Territorial -que incluía entre sus competencias el pastel goloso de la cartera de Urbanismo- deberá declarar ante la jueza instructora del nº 4 de Jerez el día 29 en calidad de imputado por los delitos de malversación, fraude y prevaricación.

Esta citación se produce en el tramo final de una larga investigación judicial que arrancó en 2010 y que tiene su origen en una inspección ordinaria de la Agencia Tributaria, en donde nada tuvo que ver la exalcaldesa del PSOE. Ese informe se elevó al fiscal y ahora dirige el asunto la Fiscalía central Anticorrupción.

La gravedad de los hechos que se investigan, los cuales habrían tenido como consecuencia una seria descapitalización de las arcas municipales de Jerez en beneficio de dos empresarios, amigos de Pacheco, motivaron que el caso pasara a manos del departamento del Ministerio Público que coordina la investigación de las grandes corruptelas destapadas en este país como el fraude de los ERE que ha puesto en un brete a la Junta o el entramado que salpicó de lleno al PP (caso Gürtel). Detalles que obran en el procedimiento que conoce Pacheco como persona imputada en él, pero que ayer obvió en su comparecencia.

La denuncia que existe en su contra, en resumen, sostiene que el exteniente de Alcalde, en connivencia con el antiguo gerente de la empresa municipal de suelo (Emusujesa), Miguel Ballesteros, vendieron la antigua estación de autobuses por un precio por debajo del valor de mercado a una sociedad que controlaban en la sombra dos amigos de Pedro Pacheco, José Luis López 'El Turronero', conocido por la 'operación Karlos', y su socio en la mayoría de los negocios, Francisco Chaves López. Esta sociedad terminó revendiendo una parcela, donde debía desarrollarse un centro de ocio -que fue la justificación para que el Ayuntamiento se desprendiera de la propiedad-, a un tercero y se embolsó en la operación un beneficio neto de cerca de 400.000 euros.

Hoy en día Jerez no tiene ningún centro comercial en esa zona, perdió en la operación de venta al menos 1.695.000 euros más los beneficios que habría obtenido por la correcta explotación de los terrenos. El pleno del Ayuntamiento aprobó la enajenación del inmueble el 28 de abril de 2005, a propuesta de Pacheco, poniendo como condición que las arcas municipales recibirían el 40% de las ganancias que el comprador obtuviera en el negocio que montara en la zona. Pero la ciudad solo cuenta actualmente con un bazar chino en la antigua estación.

No solo el administrador de la sociedad mercantil que se hizo con la estación de autobuses el 1 de marzo de 2006 (Ingeniería Jienense S. L.) reconoció que ejerció como simple testaferro de una empresa cuyos papeles acababan en una firma propiedad de uno de los imputados, Francisco Chaves López. Es que desde la propia Delegación de Urbanismo cuestionan que fuera limpio el procedimiento para desafectar un bien público, propiedad del pueblo de Jerez, que acabó en manos privadas.

Así se desprende de la declaración como testigos en sede judicial que han realizado varios técnicos y responsables del citado departamento. Uno de los testimonios más clarificadores lo aportó José Antonio Parra Carrera, director responsable del departamento de asesoría jurídica y patrimonio de Urbanismo. Fuentes consultadas por este periódico confirmaron que se trata de un profesional con larga trayectoria en ese departamento y con grandes conocimientos en la materia. Parra Carrera aseguró desconocer cómo se valoró la antigua estación porque no está al tanto de todos los procedimientos que verifican sus técnicos y explicó a la jueza que para la venta de un bien propiedad del Ayuntamiento es necesario un concurso si la venta se hace a un particular, y lo normal es que la valoración se actualice a la fecha de transmisión. Sin embargo, la desafectación de la antigua estación no cumplió, a juicio de la Agencia Tributaria y de la Fiscalía, ninguno de esos requisitos.

Error de bulto

Como obra en poder de la jueza instructora y ya publicó ayer este medio, tras acordarse la transmisión patrimonial desde el Ayuntamiento a la empresa pública Emusujesa, Ballesteros firma una propuesta cinco meses después para que sea debatida por el Consejo de Administración de Emusujesa, cuya vicepresidencia ostentaba Pacheco. En ella pide que se debata la conveniencia de vender el edificio a algún inversor privado. En el escrito asegura que ha mantenido contactos con diversos empresarios interesados. El error de bulto que hizo al Ministerio Público confirmar sus sospechas de que podrían estar ante un pelotazo urbanístico es que estas ofertas llegaron sin que se convocara ni se hiciera público ningún concurso y, lo que produce sonrojo, antes incluso que la parcela hubiera pasado a Emusujesa o que ni siquiera el Consistorio hubiera aprobado deshacerse de ese bien. Fuentes de la investigación confirmaron a este medio que la venta del Ayuntamiento a la empresa pública pudo ser la estrategia para eludir ese procedimiento de concurso, debido a las limitaciones que indicó en su declaración el director de la asesoría jurídica de Urbanismo.

Las tres empresas que se interesaron por la antigua estación, tras estudiarlas de arriba abajo el fisco, estaban controladas realmente por las mismas personas, El Turronero y su socio, según denuncia la Fiscalía. Para que no constaran en los papeles, interpusieron testaferros que firmaban como administradores y daban la apariencia de ser tres sociedades de origen y capital diferente. Unas firmas que supieron antes que nadie que podrían hacerse con una parcela muy suculenta antes incluso de que existiera la posibilidad de adquirirla. Para llegar a esta conclusión, el fiscal recuerda que las ofertas de Ingeniería Jienense, Diseño y Construcciones Cervera e Híspalis Arrendamientos llegaron a Emusujesa antes de que la empresa adquiriera la antigua estación. Y en el caso de Híspalis Arrendamientos, la presentó antes de que el Ayuntamiento aprobara la desafectación.

Además de Parra ha declarado como testigo el arquitecto municipal que valoró las instalaciones. Ese técnico, que trabaja en Urbanismo, reconoce también que la valoración fue baja, ajustada a valor catastral y no de mercado, porque se presuponía que la venta era entre el Ayuntamiento y una empresa pública. Dice además que si hubiera sabido que el destino final de la estación era un inversor privado, la tasación del inmueble habría sido superior.