El Ayuntamiento de Jerez es el segundo de España que más debe a proveedores

El Ayuntamiento de Jerez se ha erigido con el dudoso honor de convertirse en el segundo de España en acumular la mayor deuda con proveedores, superado solo por el Consistorio madrileño. En concreto, los millones de euros que la administración debe a las empresas y que se podrán abonar a partir del 1 de mayo se cifran en 328, repartidos en 12.999 facturas que son las que se han remitido al Ministerio de Hacienda en virtud del real decreto que posibilita el pago a través de los fondos ICO.

Así lo especificó ayer la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, informando de que hay facturas pendientes que se remontan incluso a hace 20 años no solo del Ayuntamiento en sí, que engrosa la mayor parte de ellas (254 millones de euros), sino también de organismos municipales como Aguas de Jerez (con 66 millones) o la Empresa Municipal de la Vivienda (Emuvijesa), con 4 millones de euros.

No obstante, hay que aclarar que el débito general asciende a 150 millones de euros más (casi 500 en total, por tanto), cuyas facturas no se han incluido en este proceso por no cumplir los requisitos que establece el real decreto. La mayoría corresponde a la Seguridad Social y Hacienda, y como la alcaldesa explicó las deudas contraídas entre administraciones no están cubiertas en estos fondos. «Estamos muy por delante de ayuntamientos de capitales de provincia como Córdoba y Salamanca -informó- e incluso de muchos que nos superan en población como Valencia o Sevilla. Esta remisión pone de manifiesto la situación tan precaria del Ayuntamiento de Jerez, que se ha convertido en un doble lastre tanto para nosotros como para los proveedores, ya que el Consistorio ha sido la causa de la ruina de muchos de ellos».

A pesar de este respiro, García-Pelayo advirtió de que es probable que todas las facturas enviadas no entren finalmente en este sistema de pagos, algo que ya dependerá de los criterios del Ministerio. Como recordó, Hacienda exige a las administraciones locales la elaboración de un plan de ajuste cuyo contenido determinará el número de facturas que se abonen; cuanto más «duro» en el compromiso de devolución sea el documento, más deudas se liquidarán. «Hay que presentar un plan lo más comprometido posible con este real decreto, pero sin engañar al Ministerio y siendo realista».

Para los que queden excluidos, sin embargo, la norma contempla un mecanismo por el que podrán reclamar su incorporación. La primera regidora aprovechó para recordar que el ingreso de estas cantidades pendientes a distintas empresas beneficiará a las plantillas que en la actualidad sufren importantes retrasos en el abono de las nóminas, como el caso de la concesionaria del servicio de limpieza en colegios y dependencias municipales, Limasa, a la que se deben facturas por valor de 10 millones de euros.