Rajoy aparca su decisión sobre el copago hasta después de las elecciones del 25-M

«El asunto del copago no se ha abordado ni está en la mesa del Consejo de Ministros; así de simple y claro». Con esta contundencia intentó frenar ayer Soraya Sáenz de Santamaría la controversia surgida ante la posibilidad cierta de que otras comunidades autónomas adopten la misma resolución que Cataluña y aprueben tasas que graven la sanidad pública.

En realidad, el Gobierno sí quiere que se produzca este debate, aunque no antes de las elecciones andaluzas y asturianas, que se celebrarán el domingo 25 de marzo. El problema es que el apoyo del PP a CiU para que sacara adelante el copago en Cataluña desconcertó a varios 'barones' populares, que creyeron que Mariano Rajoy había levantado la veda.

Tras las llamadas al orden desde la Moncloa, la discusión se ha pospuesto hasta después de que se conozcan los resultados en Andalucía y Asturias. No habrá que aguardar mucho. Será el lunes 26 cuando se reúna el Consejo de Interterritorial de Salud, máximo órgano de coordinación entre los consejeros de Sanidad de los gobiernos regionales y el Ministerio de Sanidad, que preside Ana Mato.

Sáenz de Santamaría, que negó que la falta de definición obedezca a intereses electorales, explicó que el Gobierno solo se pronunciará cuando conozca todas las propuestas de los representantes autonómicos.

La vicepresidenta tuvo que responder a casi una decena de preguntas sobre esta cuestión en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros y, finalmente, adelantó las líneas rojas que el Ejecutivo no está dispuesto a tolerar: que los nuevos recargos en las recetas se apliquen a los enfermos crónicos y que afecten a aquellas personas con rentas más bajas. Dos condiciones que ya impuso el PP catalán a CiU para permitir, al abstenerse en la votación que se celebró en el Parlament el pasado miércoles, la implantación de un euro por receta.

Sáenz de Santamaría eludió en cambio pronunciarse sobre algo que sostiene el PSOE: que la decisión del Gobierno catalán amenaza la cohesión territorial, ya que a partir de ahora habrá españoles que paguen esa tasa (los catalanes) y otros no. La lugarteniente de Rajoy se limitó a enfatizar que en próximas fechas se aprobará un catálogo de prestaciones sanitarias básicas que será de obligado cumplimiento en todo el territorio.

Pagar la deuda

También recordó que cada comunidad «toma sus propias decisiones» y que el gobierno central no puede «invadir» esta prerrogativa en política sanitaria «que por ley tienen reconocida las comunidades autónomas».

Al esconder el Gobierno sus cartas, los focos apuntan directamente a los presidentes autonómicos del PP que llevan 48 horas intentando zafarse de esta presión. Su principal argumento es negar con vehemencia la posibilidad de imponer tasas por consultas médicas, urgencias u operaciones quirúrgicas. Menos rotundos se muestran a la hora de referirse al copago farmacéutico.

Los responsables de la comunidad valenciana se limitan a decir que el asunto «no está sobre la mesa» y desde Extremadura sortean la cuestión con un eufemístico «en principio, no».

El presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, que planteó la posibilidad de que se lleve a cabo en función de la renta, se conforma, de momento, con que la discusión se ponga sobre la mesa, aunque siempre bajo la coordinación del Ministerio de Sanidad. Lo necesario, a su juicio, es admitir que es «muy difícil» mantener el sistema público de salud cuando hay una «deuda generalizada» de todas las administraciones que asciende a 15.000 millones de euros. Menos pragmático se mostró José Ballesta, portavoz del Gobierno de la Región de Murcia.

Rechaza el copago, pero entiende que si se llega a un «acuerdo nacional equitativo» para implantarlo, Murcia lo reinvertirá en sanidad. Curiosamente, el primero en sacar a colación la necesidad de compartir el costo de los servicios sanitarios fue Ramón Luis Valcárcel, apenas unas semanas antes de las elecciones generales del 20 de noviembre.

El copago se ha colado en la primera línea del debate político y no hay responsable público que no se pronuncie. La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, mantuvo la disciplina de partido al evitar valorar la tasa impuesta por Cataluña, aunque dejó clara su postura al declarar: «Estoy pagando la Seguridad Social y no debo pagar más».