El Gobierno advierte a Artur Mas de que no podrá convocar un referéndum

El Gobierno advirtió ayer al presidente de la Generalitat de Cataluña que no podrá, como pretende, someter a referéndum la propuesta de pacto fiscal porque lo impide la Constitución. La portavoz gubernamental, Soraya Sáenz de Santamaría, señaló que las consultas populares exceden el marco competencial de las comunidades autónomas y recordó que existe «mucha jurisprudencia» que ratifica ese principio. Sus palabras, sin embargo, fueron desoídas por los gobernantes catalanes, que se ratificaron en su pretensión de celebrar un plebiscito sobre el pacto fiscal para que Cataluña recaude todos los impuestos de su territorio y pague un canon a la Hacienda central.

Habrá «un choque de trenes», avisó el portavoz de CiU en el Parlamento catalán, Oriol Pujol, porque el Gobierno de la Generalitat no va a ceder por más que se oponga el Ejecutivo de Mariano Rajoy y el Constitucional. La vicepresidenta, a su vez, tampoco se arredró e insistió en que el camino de las consultas populares «vinculantes» convocadas por los gobiernos autonómicos no conduce a ningún sitio. Sáenz de Santamaría recordó que hay un precedente cercano, el plan Ibarretxe, que acabó en nada.

El Tribunal Constitucional aprobó por unanimidad el 11 de septiembre de 2008, y tras una breve deliberación, que la ley de consultas que aprobó el Parlamento vasco para someter a referéndum el llamado plan Ibarretxe era inconstitucional. La corte señaló que la competencia exclusiva para convocar estos plebiscitos o autorizar que se celebren es del Estado. La decisión de la cámara de Vitoria, por tanto, invadía el marco competencial de la Administración central y, según el Constitucional, afectaba «al conjunto de los ciudadanos españoles» porque redefinía «el orden constituido por la voluntad soberana de la nación».

El Parlamento de Cataluña, con la única oposición del PP y Ciutadans, inició esta semana los trámites para aprobar una ley de consultas, un texto que puede estar aprobado antes del verano. La vicepresidenta del Gobierno, tras la reunión del Consejo de Ministros, recordó que las autonomías o los ayuntamientos solo pueden convocar consultas populares sobre asuntos no vinculantes, es decir, para testar la opinión de los ciudadanos sobre un determinado asunto. Pero una consulta sobre el pacto fiscal «excede» el ámbito de la comunidad autónoma. «Esa es la posición del Gobierno», zanjó la portavoz del Ejecutivo.

Negociación difícil

CiU, sin embargo, no se esconde. «Si prospera la norma, haremos una consulta sobre el pacto fiscal», el objetivo estrella de la Generalitat para la presente legislatura, dijo ayer con rotundidad Pujol. Los nacionalistas catalanes empiezan a asumir que el acuerdo por el nuevo modelo de financiación, que equipararía, según la reclamación catalana, a Cataluña con el País Vasco y Navarra en cuanto a la gestión de los impuestos, se presenta complicado. «Parece que la negociación política no irá nada bien», apuntó el portavoz parlamentario de CiU. El Gobierno de Mariano Rajoy y el PP han dado hasta ahora evasivas cada vez que el Gobierno catalán o la federación nacionalista han puesto el asunto sobre la mesa.

Pero Artur Mas dice que tiene decidido lanzar el órdago del referéndum. Por un lado, porque su exigencia de pacto fiscal, si es respaldada por la ciudadanía, saldría reforzada. Y por otra, porque sabe que al Ejecutivo central no le interesa que las relaciones entre Cataluña y el resto de España se tensen demasiado cuando los mercados internacionales siguen inestables. Y es que, con la convocatoria de una consulta, el Gobierno catalán pondría al Ejecutivo central en el brete de tomar una decisión en contra de lo expresado por una mayoría, bastante amplia, según las encuestas, de catalanes.

El escenario, por tanto, se asemejaría al del choque de legitimidades que se vivió a raíz de la sentencia del Estatut, cuando el Constitucional dictó sentencia contra un texto ratificado por los catalanes en referéndum. En este caso, el encontronazo sería contra el Gobierno. La metáfora que utilizan los dirigentes convergentes del «choque de trenes» estaría servida. Más bien, «ya se está produciendo», según Oriol Pujol.