Copago ineludible

La implantación del abono de un euro por cada receta médica expedida por el servicio de salud catalán -iniciativa aprobada en el Parlamento autonómico con el apoyo de CiU y la abstención del PP- ha situado el debate sobre el copago ante una decisión concreta después de tanto tiempo en el que la cuestión venía siendo tratada por partidos e instituciones como un tabú sujeto al maniqueísmo ideológico o populista. Es posible que, dadas las dificultades financieras, no sea el momento más idóneo para abordar el tema con la necesaria racionalidad. Pero sería una temeridad posponer la discusión. De entrada ni las opciones de ajuste de la Generalitat catalana ni el copago farmacéutico deberían representar la solución única y definitiva. Las comunidades autónomas atraviesan situaciones dispares en términos de déficit y soportan estructuras de gasto también distintas. De modo que sería pernicioso tratar de resolver los problemas por la vía de la emulación política, convirtiendo a una u otra administración territorial en ejemplo. Como resultaría simplista concluir que la financiación del sistema público de salud y del copago como fórmula que contribuya al sostenimiento del estado del bienestar ha de consistir en el abono de una tasa lineal por servicio, en este caso de un euro por receta. La medida puede ser comprensible para sortear momentáneamente la estrechez presupuestaria, pero es más que dudoso que sirva para solventar el problema. El aumento de la esperanza de vida y la cronificación de patologías graves hacen que los costes sanitarios se incrementen de forma inexorable. Las medidas de contención de esos costes son imprescindibles pero paliativas. El establecimiento de un sistema de copago parece ineludible. La condición es que sea socialmente justo en tanto que derecho universal. Es decir, que permita cubrir las necesidades sanitarias de la población, dentro de lo que médicamente sea posible, de modo que el gasto mínimo y general sea cubierto a través de los impuestos y el gasto personal se sufrague en parte con arreglo a la disponibilidad económica de cada ciudadano. Pero para esto último el modelo debería acabar incluyendo también el uso responsable de los propios servicios públicos; es decir, el cumplimiento de las prescripciones médicas y de las pautas de vida saludable indicadas, en una sociedad informada, a pacientes informados.