El Gobierno calcula que el pago a proveedores «salvará» 100.000 empleos

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, adelantó ayer que el plan de pago a los proveedores aprobado por el Ejecutivo y en el que los bancos adelantarán hasta 35.000 millones de euros, permitirá «salvaguardar» entre 75.000 y 100.000 empleos en pymes y autónomos. Esas son las estimaciones del Gobierno sobre el impacto en el mercado del pago directo a los proveedores. Sin embargo, habrá que conocer la cuantía exacta de las facturas impagadas por los ayuntamientos para conocer el resultado real. De momento, el plazo para presentar las cantidades adeudadas por cada consistorio terminó ayer, y aunque el ministro no desveló la cifra concreta, sí reconoció que sería «importante». «No es admisible que haya facturas en los cajones de las Administraciones Públicas que no se hayan liquidado», aseguró Montoro durante su intervención en el Foro ABC, patrocinado por Deloitte y Ferrovial.

El ministro apostó por «simplificar» y «eliminar duplicidades» en la administración pública en lo que calificó como una «reforma de las Autonomías». Dentro de este esfuerzo, el Gobierno tiene previsto aprobar hoy en el Consejo de Ministros la extinción de 27 empresas públicas, como la Sociedad Pública de Alquiler, la agilización en los procesos de liquidación ya iniciados de 14 sociedades y la venta de la participación en otras ocho empresas. Pero el verdadero tema candente sigue siendo la reducción de déficit. Y más en concreto la fórmula del Gobierno para cumplir con Bruselas y al mismo tiempo no asfixiar más la economía española en un año en el que el propio Ejecutivo ya prevé una caída del PIB del 1,7%. Sin embargo, el ministro, en línea con la política del Gobierno, no dio ninguna pista sobre cómo se lograrán reducir esos 20.000 millones para cumplir con el objetivo del 5,3% exigido por la UE.

Insistió Montoro en dejar claro que ese ajuste no se realizará a través de una nueva subida del IRPF, el IVA o los impuestos especiales. De hecho, recalcó que el aumento de la presión fiscal aprobado en diciembre se debió a «un agujero» en las cuentas públicas que obligó al nuevo Gobierno a actuar «con urgencia». Sin embargo, matizó el carácter provisional de esas medidas: «Es una subida temporal que caduca el 31 de diciembre de 2013». El ministro reiteró la idea de que no se saldrá de la crisis «subiendo los impuestos y recortando el gasto en las capas más débiles de la sociedad».

Tras las elecciones

El titular de Hacienda descartó el aumento del IVA tras las elecciones andaluzas y asturianas el próximo día 25 de marzo, como aseguran desde la oposición socialista. La opción de subir los impuestos especiales -que gravan el tabaco, el alcohol y la gasolina- también parece descartada tras reconocer el ministro la caída en la recaudación sobre estos bienes y el miedo en el Gobierno a que un aumento en la presión fiscal retraiga todavía más el consumo. Sin embargo, el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, durante su comparecencia en el Senado aseguró que el Ejecutivo está considerando «diferentes alternativas fiscales» para reducir el déficit. No especificó cuáles, y todas las referencias se centran ahora en la tributación de las empresas, con especial incidencia en las exenciones y bonificaciones que podrían suprimirse.

Durante su intervención, una de las ideas más repetidas fue la de cumplir con la estabilidad presupuestaria para recuperar la confianza de España en el exterior. Y para ello defendió la reducción del déficit público. Sin embargo, defendió el incumplimiento del 4,4% fijado para 2012 por considerarlo poco realista: «El objetivo del 4,4% no tenía sentido por el escenario económico». Para el titular de Hacienda era necesario fijar una cifra de déficit que permitiera «volver a crecer» y «crear empleo». Y es que el objetivo último es el sagrado 3% para 2013. Y el Gobierno es consciente, como reconoció el ministro De Guindos, de que existe «poco margen para cometer errores».