El Supremo no llega a un acuerdo sobre las fosas del franquismo

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo no llegó ayer a un acuerdo para decidir qué autoridad es la competente para autorizar la apertura de fosas con restos de las víctimas de la represión del franquismo. La decisión está en el aire desde que en mayo de 2009 Baltasar Garzón se inhibió a favor del alto tribunal, que, a su vez, pospuso la decisión hasta que se resolviera la causa contra el exjuez de la Audiencia Nacional por la investigación de los crímenes de la dictadura.

Tres cuartos de hora discutieron los magistrados de la Sala de lo Penal y lo dejaron para la semana que viene ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo. Las aperturas de fosas con fusilados del franquismo viven desde hace tres años una especie de limbo legal porque no está claro qué autoridad tiene la competencia para autorizarlas o denegarlas. A veces son supervisadas por el juzgado local y otras por nadie.

La historia arranca de noviembre de 2008, cuando Garzón, que un año antes se había declarado competente para investigar los crímenes del franquismo al aceptar unas denuncias de las asociaciones de memoria histórica, se inhibió para autorizar las exhumaciones en favor de los juzgados de las circunscripciones en que se encontraban las fosas. Pero los tribunales de Granada y El Escorial rechazaron un año después su competencia y devolvieron el asunto a la Audiencia Nacional.

El juzgado granadino debía autorizar la exhumación de unos restos depositados en una fosa en la que se creía que estaba el poeta Federico García Lorca. El juzgado de San Lorenzo de El Escorial, a su vez, se inhibió en la revisión de los restos almacenados en el Valle de los Caídos.

Crímenes

Una vez devueltas ambas causas a la Audiencia Nacional, Garzón se volvió a declarar incompetente y dejó la decisión en manos del Supremo. El alto tribunal, en lugar de tomar una decisión de inmediato, optó por aplazarla hasta que se resolviera la causa contra Garzón por prevaricación al declararse competente para investigarlos crímenes del franquismo y la Guerra Civil. El exjuez de la Audiencia Nacional fue absuelto el pasado 27 de febrero.

La decisión, sin embargo, sigue pendiente, aunque en la sentencia absolutoria de Garzón ya se recordó que la exhumación de fosas «no forma parte del proceso penal» sino de la administración pública. Es decir, que no debe ser un juzgado el que autorice o deniegue la apertura de las sepulturas sino la autoridad civil.