Rajoy aparca los pactos con el PSOE y los ajustes hasta después del 25-M

El Gobierno quiere preservar a toda costa las buenas expectativas electorales del PP en Andalucía y en aras de ese objetivo ha aparcado los posibles acuerdos con el PSOE y las medidas de ajuste del gasto. Considera que los pactos con los socialistas jugarían en contra del previsible triunfo en las urnas de Javier Arenas el 25 de marzo. Fruto de esta estrategia es que la negociación para renovar el Tribunal Constitucional, el Consejo de RTVE o el Tribunal de Cuentas ni haya arrancado. Del mismo modo, la anunciada reforma de la administración que implicará supresión de instituciones y despidos o recolocación de funcionarios tampoco pasa de ser un mero enunciado.

Andalucía es la joya de la corona para los populares. Arrebatar el Gobierno de esa comunidad al PSOE sería un triunfo político de primera magnitud, pero también un hecho cargado de simbolismo. Supondría completar la tarea iniciada el 22 de mayo pasado, cuando el PP arrebató casi todo el poder territorial al PSOE y acabar con tres décadas de hegemonía socialista en la comunidad más poblada de España. Un objetivo demasiado goloso, admiten distintos miembros del partido gubernamental, para ponerlo en peligro.

Fuentes de la dirección del grupo socialista en el Congreso se quejan de que la tan reclamada renovación de cargos institucionales, sobre todo en el Tribunal Constitucional, ni se ha planteado. «No hay un solo nombre sobre la mesa», dice la oposición, pese a la disposición que mostró Mariano Rajoy para encarar la negociación en la reunión que mantuvo con Alfredo Pérez Rubalcaba el 15 de febrero. La renovación la tercera de los miembros de la corte se debía haber hecho hace casi dos años. En similar situación están los consejeros de RTVE y los miembros del Tribunal de Cuentas.

Es cierto que Rajoy y Rubalcaba se dieron de plazo hasta junio para pactar las renovaciones, pero es que «no ha habido ni un solo contacto» y eso «no es normal», comentan las fuentes consultadas en el grupo socialista. Los dirigentes del PP reconocen que antes de las elecciones andaluzas no tienen el menor interés en aparecer de la mano del PSOE en nada porque consideran que esos hipotéticos pactos tendrían un efecto desmovilizador en su electorado. Los reparos al acuerdo llegan al punto de que un compromiso casi fraguado en el País Vasco para constituir una ponencia en el Parlamento de Vitoria sobre el proceso del final de ETA fue frenada a última hora por el PP para no aparecer junto a los socialistas y los nacionalistas en un asunto tan delicado como ese para el electorado andaluz. La votación en la cámara vasca para la creación de la ponencia se llevará cabo el 30 de marzo, cinco días después de las elecciones autonómicas.

Por esa misma razón, todas las medidas que puedan adoptarse en materia de política penitenciaria con los presos de ETA se plantearán una vez que pasen los comicios. Los populares quieren preservar ante el electorado andaluz su imagen intransigente hacia ETA.

Sin concreciones

La reforma de la administración, tanto la central como las autonómicas y que era uno de los caballos de batalla del PP en la oposición, ha sido depositada por el Gobierno en el congelador hasta que pasen los comicios. Tanto Rajoy como los ministros la defienden en público, pero evitan concretar si suprimirán las diputaciones o impulsarán la fusión de municipios pequeños. No en vano las diputaciones son instituciones muy poderosas en Andalucía con potentes presupuestos y una amplia nómina de funcionarios, mientras que las poblaciones de pequeño tamaño se cuentan por cientos.

La idea de acabar con «los 17 de todo», en alusión a que cada una de las 17 autonomías tiene organismos idénticos al que tiene el Gobierno central, léase defensor del pueblo, consejo consultivo, campus universitarios o instituto de cualquier tipo, tampoco ha pasado de las palabras.

De lo que por supuesto el Gobierno no suelta ni prenda es del ajuste en las cuentas públicas. Rajoy y sus ministros evitan dar algún dato por nimio que sea. «No sé a qué viene la presión de que contemos unos Presupuestos que aún no hemos debatido en el Consejo de Ministros. No es justo que se me planteen cosas que no se plantean a nadie», se quejó ayer el presidente en el Congreso.

La estrategia gubernamental de no adoptar medidas impopulares hasta que pasen las elecciones del 25 de marzo alcanza incluso al recibo de la luz. El Gobierno tiene que decidir ya el incremento de la factura eléctrica que entrará en vigor el 1 de abril para paliar el déficit tarifario de 24.000 millones de euros que acumulan las empresas. Estaba previsto que la decisión se adoptara en la misma semana de los comicios, pero parece que será después.