Asumir el déficit

La corrección impuesta por Bruselas para que el déficit público español se sitúe al acabar el año en un 5,3%, y no en el 5,8% al que aspiraba el Gobierno, obliga a un mayor ajuste presupuestario que España no puede más que asumir y que el Ejecutivo Rajoy ha tenido el buen sentido de aplicarlo íntegramente a las cuentas de la administración central. Si de lo que se trata es de restablecer la confianza hacia nuestro país, hubiese sido una temeridad que el Ejecutivo reaccionase críticamente frente a la revisión fijada por el Eurogrupo. Es evidente que Bruselas ha sido sensible, aunque a medias, a los dos argumentos que expuso el ministro De Guindos -la desviación en las previsiones de déficit para 2011 y la recesión-, debido también a que España representa demasiado en Europa como para empujarla a un mayor deterioro económico o al incumplimiento del compromiso de déficit. A estas alturas resulta ingenuo pensar que lo mejor para nuestra economía y para la cohesión social hubiese sido empecinarse en la fijación de un techo propio de déficit, puesto que ello habría acarreado más dificultades y ninguna ventaja. Además pondría en cuestión la disciplina de estabilidad por parte de otros países, desencadenando una nueva espiral de tensiones entre los mercados y las deudas soberanas. El episodio del 5,8% ha venido a demostrar que España necesita dibujar el horizonte de sus finanzas públicas en el seno de la Unión, si acaso tratando de influir con propuestas propias ante los demás socios y las instituciones de Bruselas. La asunción de objetivos de déficit consensuados y sometidos a la supervisión de la Comisión Europea y del Eurogrupo puede resultar incómoda y a veces parecer injusta. Pero el futuro de la economía española estará siempre más seguro bajo esas reglas que careciendo de unas pautas comunes. De ahí que convenga no añadir más incertidumbres a cuenta del tema. El punto intermedio entre el 4,4% inicial y las intenciones anunciadas hace diez días por Rajoy no solo compromete el cumplimiento del objetivo de manera fehaciente en las propias partidas del presupuesto que el Gobierno aprobará el próximo 30 de marzo. Además la asunción por parte del Gobierno central del recorte adicional de 5.000 millones constituye, más que un acto de generosidad, un emplazamiento directo a las autonomías y ayuntamientos para que cumplan con la parte de austeridad que les corresponde.