La Fiscalía archiva la denuncia de Jiménez Fornell contra Ybarra

La Fiscalía ha dado carpetazo a la denuncia que les había presentado el exarquitecto municipal Fernando Jiménez Fornell contra la que fuera edil de Urbanismo en la anterior legislatura, hoy responsable de la cartera de Turismo, Patricia Ybarra. Una denuncia previa que hizo suya el Ministerio Público al haber transcurrido los seis meses de plazo que dispone el fiscal en el periodo de investigación previo antes de acordar si proseguir o no con las actuaciones. Pero las diligencias posteriores, según se desprende de un escrito conocido ayer, han propiciado que el Ministerio Público zanje el asunto con un archivo.

Jiménez Fornell elevó una macrodenuncia el año pasado contra dirigentes del Ayuntamiento en respuesta a las distintas causas judiciales que existen en su contra y que en algunos de los casos partieron de denuncias del equipo de Gobierno local. El exarquitecto municipal aseguraba en uno de sus escritos que presentó ante el fiscal que el alcalde Enrique Moresco había otorgado licencia de obra a la empresa Futune Blue para la instalación de una piscifactoría de atún rojo el pasado 7 de junio de 2010.

El que llegara a ser responsable del departamento de Disciplina Urbanística durante la etapa de Independientes Portuenses sostiene que Moresco autorizó pese a existir dos informes desfavorables a la concesión. Señaló a Ybarra como la persona que presionó para que dichos estudios, de carácter técnico y jurídico, fueran modificados.

La fiscal delegada de Medio Ambiente, Patricia Navarro, realizó una primera averiguación que consistió en solicitar el expediente de la licencia y pedir a la Consejería de Obras Públicas que adjuntara un informe sobre la legalidad del permiso en virtud de la normativa vigente. Del estudio de ese material, el Ministerio Público concluye que no hubo conducta prevaricadora por parte de Ybarra y que la concesión de la licencia se ajusta a Derecho. Para argumentarlo hace un recorrido de los hechos desde que se solicita por parte de la empresa la autorización para comenzar los trabajos hasta que se da luz verde a la obra. Así recuerda que en un primer momento, la junta de Gobierno local denegó la concesión el 11 de mayo de 2010. Esa decisión se basó en un informe desfavorable emitido por el asesor jurídico. El principal escollo era la inexistencia de un Plan Especial aprobado para el desarrollo de la zona de servicios del municipio donde se iba a instalar la piscifactoría. Un plan que estaba en tramitación por esas fechas.

Matizando

Sin embargo, días después, la Abogacía del Estado emitió otro informe en un sentido contrario, validando el proyecto empresarial al entender que «la ausencia de un Plan Especial no era óbice para el otorgamiento de licencias urbanísticas en la zona de servicio». El asesor jurídico, a partir de esa valoración, emitió un segundo informe matizando el primero y reconsiderando la viabilidad aplicando «las determinaciones del PGOU que rigen con carácter transitorio». En junio, el Ayuntamiento daba luz verde a la licencia.

Desde la Consejería de Obras Pública también avalaron «la compatibilidad de las obras autorizadas con el Plan de Utilización de Espacios Portuarios de la Bahía de Cádiz». Y así se lo hizo saber a la Fiscalía.

Al expediente que tuvo acceso el Ministerio Público aparecían varios correos electrónicos que evidenciaban discrepancias entre los técnicos y cómo la citada licencia fue objeto de debate; lo que evidenciaría que no recibieron presiones de Ybarra para que se otorgara un permiso a sabiendas de que pudiera cometer una ilegalidad.