El Estado asumirá el ajuste adicional del déficit con una reducción del gasto

El Gobierno corrió ayer a apagar el incendio que desató el anuncio realizado en Bruselas por el ministro de Economía, Luis de Guindos, de que España acometerá este año una reducción adicional del déficit de 0,5 puntos, hasta el 5,3% del PIB, frente al 5,8% que comprometió a principios de mes Mariano Rajoy en una decisión «soberana». El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, desveló que será la administración general del Estado la que correrá a cargo del ajuste extra de las cuentas públicas, equivalente a más de 5.000 millones, mediante recortes de gastos y retoques fiscales. Las consejerías autonómicas de Hacienda respiraron con alivio.

Para hacer estas puntualizaciones, Montoro aprovechó el debate del techo de gasto del Estado para 2012 y el objetivo de estabilidad del conjunto de administraciones públicas en el Congreso de los Diputados. Objetivo cuya revisión conocieron los partidos de la oposición unas horas antes. PSOE y los partidos del grupo Izquierda Plural (IU, ICV y Chunta) caldearon los ánimos y llegaron a exigir al Gobierno antes del debate que retirara del orden del día la propuesta, en vista de que las nuevas metas anunciadas por Guindos ante el Eurogrupo convertían en papel mojado parte del programa de consolidación aprobado por el gabinete de Mariano Rajoy el pasado 2 de marzo.

«Convoque ahora mismo una reunión del Consejo de Ministros y cambie la previsión del techo de gasto porque en caso contrario viviremos una auténtica farsa», llegó a pedir la portavoz parlamentaria del PSOE, Soraya Rodríguez, tras la reunión de la Junta de Portavoces de la Cámara baja. Al final, el programa del Gobierno salió adelante gracias a la mayoría absoluta del PP, que fue incapaz de sumar más apoyos que sus socios de UPN. Los grandes partidos nacionalistas, CiU y PNV, se abstuvieron, lo mismo que UPyD, CC y Foro. Las formaciones de izquierda, lideradas por PSOE e IU, rechazaron en bloque las medidas. El techo de gasto quedó fijado en 118.565 millones, un 4,7% menos interanual.

Los partidos de izquierda basaron su negativa en el temor a un estrangulamiento aún mayor de la actividad que provoque más recortes en las prestaciones sociales (sobre todo en sanidad y educación), despidos de empleados públicos y un empobrecimiento general de los ciudadanos.

Por la tarde, durante su defensa de la iniciativa, Montoro acusó a los socialistas de utilizar «el discurso del miedo». «No habrá 200.000 parados más en la función pública. No habrá subidas de impuestos injustas como fue la del IVA en 2010. No habrá la incertidumbre para financiar las pensiones», resaltó antes de reprochar al PSOE haber dejado «una vez más en déficit al sistema público de pensiones».

¿Cómo piensa entonces acometer Montoro el ajuste? El ministro detalló que los presupuestos que el Ejecutivo aprobará el 30 de marzo limitarán «el crecimiento del gasto» y harán «uso de instrumentos fiscales», si bien de forma «justa y ponderada socialmente», de forma que «los más débiles» no resulten los más afectados.

Objetivo irrenunciable

Montoro resaltó que el hecho de que el Estado asuma el ajuste adicional «no significa flexibilizar» las obligaciones de las autonomías. Todas las administraciones, señaló, están comprometidas con el objetivo «irrenunciable» de situar el déficit público del 3% para 2013. La diferencia, matizó, es que ahora la administración central adelanta a 2012 una parte del esfuerzo que el plan aprobado el pasado 2 de marzo reservaba para el año 2013.

El Ministerio de Hacienda publicó ayer los resultados de la ejecución presupuestaria correspondientes a enero. El Estado registró en el primer mes del año un déficit de 9.313 millones (equivalente al 0,87% del PIB). En términos de caja, la recaudación neta ascendió a 15.048 millones, un 3,8% menos, con descensos del 9,8% en los ingresos por impuestos directos (IRPF y Sociedades). El IVA cayó un 60,9% y los impuestos especiales bajaron un 8,4%. Los gastos aumentaron un 6,1% interanual, hasta 18.235 millones. Estas cifras, resaltó el departamento que dirige Montoro, «no deben considerarse indicativas todavía de la evolución que seguirán las cuentas públicas a lo largo del ejercicio».